El principal partido de la oposición de Santa Margalida, Suma pel Canvi (Independents-PSOE), ha denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por un pacto entre PP y Convergència-El Pi, ha empezado a aplicar nuevas tarifas más elevadas por los servicios playeros de Can Picafort y Son Bauló sin que los precios hayan sido autorizados por la demarcación de Costas, por lo que podría cometerse una ilegalidad.
Por su parte, el gobierno municipal considera que las nuevas tarifas pueden cobrarse sin problemas porque Costas había autorizado la licitación de las playas hasta el próximo año 2017, por lo que no habría necesidad de informar a la demarcación sobre los cambios realizados en el contrato, entre los que se incluyen las nuevas tarifas por la utilización de hamacas y sombrillas en las citadas playas.
El portavoz de Suma pel Canvi, el exalcalde Antoni Reus, afirmó ayer que su grupo municipal está estudiando la posibilidad de denunciar la presunta irregularidad ante Costas. Reus admite que la demarcación había autorizado el proyecto municipal entre los años 2014 y 2017, pero "el problema es que la licitación que ha efectuado el Ayuntamiento para adjudicar la explotación de las playas para los próximos años, y que ha supuesto un considerable aumento de las subastas, no se ha hecho de acuerdo a lo ya autorizado, sino en función del nuevo proyecto presentado por el Consistorio ante Costas para 2016 y que introducía algunos cambios".
Entre los cambios presuntamente no autorizados por el citado organismo dependiente de Madrid figura la subida de precios de hamacas y sombrillas y el mayor volumen de los dos chiringuitos ubicados en las playas de Can Picafort y Son Bauló, que pasarán de ser pequeños locales cerrados de veinte metros cuadrados a incorporar terrazas cubiertas de cincuenta metros, por lo que el volumen total de los bares será de setenta metros cuadrados. "El Ayuntamiento ha adjudicado la explotación de estos bares por cantidades muy superiores, cuando solo tiene autorizados los chiringuitos de veinte metros cuadrados del proyecto anterior", sostiene el regidor Antoni Reus.
Suma pel Canvi advierte de los "graves perjuicios" que podría provocar esta situación al Ayuntamiento "si la demarcación de Costas interpreta que el proyecto está fuera de plazo y no lo acaba autorizando, ya que la subasta de la explotación de Can Picafort y Son Bauló se ha realizado con unas condiciones que no podrán cumplirse". Como se recordará, el GOB denunció hace unas semanas que la autorización municipal se había presentado fuera de plazo, por lo que interpretaba que no podían montarse todavía los servicios playeros en el municipio.
Por su parte, el teniente de alcalde y delegado de Can Picafort, Joan Monjo, defendió ayer la actuación municipal y la subida de precios aplicada sobre los servicios playeros. "Nuestra política municipal consiste en bajar los impuestos a los residentes y al mismo tiempo aumentar las tasas y precios que pagan los turistas para mejorar el mantenimiento de las playas, que es lo mismo que pretendemos hacer en la playa de Son Serra", donde también está previsto un chiringuito playero.
