El Gobierno de Mariano Rajoy se desentiende, no quiere asumir los costes de la polémica indemnización de las obras del paseo marítimo de la Colònia de Sant Jordi. El actual alcalde de ses Salines, Bernat Roig (Endavant), lamenta que la demarcación de Costas en Balears, vinculada directamente con Madrid, no cumpla con su compromiso de afrontar los elevados gastos derivados de las expropiaciones forzosas.
El complejo caso de la plaza Molí de Sal, ante el famoso Hotel Marqués, causa indignación. Entre los años 2014 y 2015, el consistorio tuvo que abonar unos 580.000 euros a la propietaria, la marquesa del Palmer María del Pilar Dezcallar Machimbarrena, puesto que una orden judicial obligó a indemnizarla. La institución municipal, dirigida en la pasada legislatura por El Pi-PP, con Tomeu Lladonet y Maria Bonet al frente, denunció que Costas no asumiera ninguna responsabilidad y no aportase dinero.
En el actual mandato, el ministerio de Medio Ambiente tampoco se ha pronunciado. Y cabe apuntar que, este pasado fin de semana, falleció precisamente María del Pilar Dezcallar Machimbarrena. El consistorio saliner considera que el Gobierno central es "corresponsable" ya que impulsó las obras del paseo marítimo. Concretamente, siendo Jaume Matas (PP) ministro de Medio Ambiente, se culminaron las obras del paseo marítimo. Durante la ejecución de los trabajos en la plaza, la marquesa no se manifestó, dando la sensación de tolerarlas, pero sí una vez finalizadas, llegando a exigir por la expropiación más de 1,2 millones de euros.
El consistorio recurrió y logró que se rebajase la cantidad: el justiprecio quedó fijado en 380.000 euros, si bien los costes jurídicos, retrasos acumulados e intereses hicieron que la suma total ascendiera hasta los 580.000 euros.
Cabe explicar que la marquesa pidió más de un millón al consistorio por la expropiación forzosa de una zona verde y parte de lo que ahora es el paseo de la Colònia, exactamente junto a la playa dels Estanys (a dos pasos de su residencia). Estas dos áreas tienen una superficie de aproximadamente 600 metros y fueron invadidas por el consistorio y demarcación de Costas a la hora de proyectar y realizar el paseo marítimo en el año 2000.
Una primera sentencia en 2002 ya daba la razón a la marquesa, aunque no fue hasta que llegó al Tribunal Supremo cuando el conflicto se le puso cuesta arriba al ayuntamiento saliner. Al no permitirle construir en lo que fue propiedad privada, Dezcallar solicitó la expropiación forzosa al entender que la situación suponía un perjuicio para sus intereses.
La polémica plaza tiene una zona pública y otra de dominio privado. Vecinos critican a la clase política los sinsentidos que envuelven este caso, preguntándose por ejemplo si el antiguo aljibe del hotel, bajo el empedrado, forma o no parte del hotel. Sea como fuere, el hecho de que las arcas municipales hayan sido condenadas, y Costas no ayude, genera enfado.
