El rescate del túnel de Sóller tiene un coste de unos 25 millones de euros. Así lo aseguró ayer el director general de Mobilitat del Govern, Jaume Mateu, que atribuyó la cantidad fijada a los estudios que han realizado a tal efecto los servicios técnicos del Consell de Mallorca.
El director general explicó que la concesión otorgada a la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller expirará en un plazo de seis años de acuerdo con los contratos que firmó en su momento con el Govern y la prórroga que le concedió el Consell a cambio de efectuar unas obras de mejora durante la década pasada.
Jaume Mateu reconoció que el rescate implica una "cantidad elevada" de dinero, de la que no pudo precisar si las administraciones podrían asumir para que la única carretera de Balears por la que se paga peaje pasase a ser de uso libre por parte de los ciudadanos.
Precisamente, la gratuidad del túnel es un tema que está sobre la mesa, en tanto que los partidos que dan apoyo parlamentario al actual Govern del pacte llevaron en sus respectivos programas electorales el rescate de la concesión.
La consellera insular de Territori del Consell, Mercedes Garrido, explicó la semana pasada en un acto informativo en Sóller que la institución insular "está trabajando" para avanzar en la gratuidad de la galería subterránea para los residentes de la comarca, de tal manera que sean las administraciones las que abonen directamente a la concesionaria el coste del peaje.
Beneficio para los residentes
La consellera insular señaló que "estamos trabajando para intentar conseguir que los residentes de Sóller, Fornalutx, Deià y Bunyola no tengan que seguir pagando el túnel", de forma que sea "el Govern o el Consell" la administración que se encargue de su abono. Garrido aseguró que su departamento también trabaja en el rescate. "Es complicado y caro, y por eso pensamos que debe ser Madrid quien debe pagarlo porque es una deuda histórica de financiación con Balears", sostiene la política del Consell.
En el último pleno que celebró la institución insular se aprobó una resolución en la que se solicitó al Gobierno de España que se haga cargo del rescate, propuesta que solo tuvo el voto en contra del Partido Popular.
