La empresa Aigües d'Inca S. L. U., que resultó adjudicataria del servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Inca antes de que el Ayuntamiento renunciase a la privatización, ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia judicial que daba la razón al Consistorio en el que reclama al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que "obligue" al ayuntamiento de Inca a adjudicarle la concesión del servicio de agua porque tiene "derecho" a ello.
El recurso presentado por los servicios jurídicos de la citada entidad mercantil solicita además que se anulen las anteriores resoluciones contrarias a sus intereses al considerar que la renuncia del Ayuntamiento a externalizar el servicio de agua potable carece de motivación por razones de interés público y porque la institución municipal habría incumplido sus "obligaciones legales de abstenerse de promover nuevas licitaciones en tanto subsistan las razones que alegó para renunciar al contrato", entre otros motivos que, según el recurso, no se ajustan a derecho.
El objetivo del recurso de Aigües d'Inca S.L.U. ante el TSJB es la revocación de la sentencia emitida el pasado mes de marzo por el juzgado de lo contencioso-administrativo número tres de Palma, que avalaba la decisión municipal de no privatizar el servicio de agua potable.
La empresa considera que la actuación municipal "no cumplió los requisitos legalmente establecidos para renunciar al contrato y vulneró el legítimo derecho de la entidad a resultar adjudicataria". Según argumentan en el escrito judicial, la renuncia a la celebración de un contrato "es una vía anómala de finalizar un procedimiento de licitación y por ello debe estar especialmente justificada por motivos de interés público". A su entender, el Ayuntamiento "no ha acreditado que concurran las circunstancias en que fundamente su renuncia" como la posibilidad de utilizar el superávit municipal para suplir todas las inversiones que debía realizar la adjudicataria, así como la supuesta desaparición de las finalidades de interés público que justificaban la celebración del contrato.
Asimismo, la empresa cuestiona el argumento municipal de vincular la licitación del servicio de agua a la necesidad de obtener ingresos para reformar el teatro principal, lo que "conllevaría un claro supuesto de desviación de poder".
Además, la entidad cree que el Ayuntamiento no podría haber ejecutado directamente las inversiones previstas en el contrato sin recurrir a la externalización de determinados trabajos. "O se adjudica el contrato, o deberán adjudicarse múltiples contratos para lograr el mismo objetivo", razona.
