El equipo de gobierno de Calvià (PSOE y Sí Se Puede) ha actualizado la normativa de Policía y Buen Gobierno para adaptarla a la nueva realidad del municipio, introduciendo aportaciones que ya se hicieron en la mesa de seguimiento de Magaluf y eliminando otros artículos que habían quedado obsoletos. El resultado es una ordenanza para el Fomento de la Convivencia, que regula la prostitución callejera, el seminudismo en la vía pública, la venta ambulante y el consumo de alcohol en la calle, entre otras cuestiones.
El primer teniente de alcalde, Andreu Serra (PSOE), mantiene durante estos días reuniones con todos los grupos de la oposición para presentarles la propuesta del gobierno municipal para poner al día la normativa.
El borrador que ha sido presentado mantiene las medidas más significativas que ya existían contra la prostitución callejera, que constituye un problema de orden público en verano en determinadas zonas de Calvià, como las vías aledañas a Punta Ballena (Magaluf) y la calle Ramon de Montcada (Santa Ponça).
Relaciones sexuales
La ordenanza incluye multas que pueden ir desde 600 hasta 1.500 euros por ofrecer o solicitar servicios sexuales retribuidos en espacios públicos. Recoge también otro de los puntos que se consensuó en la comisión de seguimiento de Magaluf: las sanciones por mantener relaciones sexuales, aunque no sean de pago, en cualquier lugar público o visible desde éste. En este caso, las multaspueden ascender también a 1.500 euros. En principio, el texto normativo mantiene además la posibilidad de recurrir a la vía penal para perseguir a las prostitutas que, reiteradamente, incumplan los correspondientes decretos de Alcaldía. En tal caso, el Ayuntamiento podrá considerar que ha habido un delito de desobediencia a la autoridad. Se trata de una vía que, en los últimos años, no ha tenido éxito en sede judicial.
La ordenanza para el Fomento de la Convivencia incorpora aspectos como la prohibición del nudismo y el seminudismo en espacios públicos fuera del litoral, conductas que ya se habían empezado a perseguir en la batería de medidas contra el incivismo que se pusieron en marcha a raíz del escándalo del vídeo sexual de la felación colectiva, en 2014. En estos casos, las multas van desde los 100 a los 600 euros. A la misma sanción se exponen las personas que orinen, defequen o escupan en espacios públicos.
El control del consumo de bebidas alcohólicas en la calle constituye otro de los capítulos de la normativa, incidiendo en las restricciones horarias, de las 22 horas a las ocho de la mañana, cuando el consumo se haga "de forma masiva" y pueda originar molestias a los vecinos. La norma incorpora la prohibición ya vigente de practicar el balconing (las multas alcanzan los 1.500 euros) e introduce restricciones específicas para las zonas turísticas maduras (Santa Ponça, Peguera y Palmanova-Magaluf). Unas restricciones que hacen referencia, sobre todo, a los take away (locales de comida para llevar) y a la prohibición de vender alcohol entre la medianoche y las ocho de la mañana.
