El ayuntamiento iniciará el procedimiento judicial para defender la titularidad pública de las murallas y el recinto fortificado de Sant Salvador. La junta de gobierno local ha aprobado la designación de un abogado para presentar una demanda contra la inmatriculación llevada a cabo por el Bisbat de Mallorca. Un informe elaborado por el historiador Antoni Picazo debería servir para demostrar el carácter público.
