Se cumplieron los pronósticos y el equipo de gobierno del ayuntamiento de Muro, integrado por Convergència Democràtica Murera (CDM), PP y El Pi, aprobó ayer la interposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de un recurso de apelación contra la sentencia judicial que anula las licencias de obras y de actividades concedidas por el Ayuntamiento a la promotora del golf de Son Bosc en el año 2008. Los grupos de la oposición PSOE y Més per Muro votaron en contra del único punto del orden del día, mientras que los independientes de UIM optaron por la abstención.
El equipo de gobierno de Muro tiene la esperanza de que el TSJB anule la sentencia emitida el pasado 18 de febrero por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma, que dejaba sin efecto la concesión de las citadas licencias al considerar que estaban sujetas a las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), normativa que prohibía los campos de golf en las Áreas de Protección Territorial. Por contra, tanto el Ayuntamiento como la promotora del golf sostienen que los permisos debían concederse en base a la normativa que estaba en vigor en el momento de iniciarse el expediente del proyecto.
El alcalde de Muro, Martí Fornés (CDM), reiteró que las licencias se concedieron en su día en base a informes favorables y que la sentencia que anula los permisos "está poco fundamentada", por lo que espera que otro juez del TSJB tome cartas en el asunto y acepte el recurso municipal.
El objetivo principal del Ayuntamiento es el de evitar el pago de 401.000 euros a los promotores del proyecto en concepto de Impuesto de Construcciones y de aprovechamiento medio del suelo, cantidades que la institución municipal podría ahorrarse si el TSJB anula el fallo anterior, según Fornés.
El alcalde señaló que el Ayuntamiento no está interesado especialmente en la construcción de un campo de golf en Son Bosc porque "lo que se discute es si la licencia estaba bien otorgada o no". Según Fornés, la ampliación del terreno protegido que decretó el Govern mientras se ejecutaban las obras del golf podrían ser motivo suficiente para descartar de forma definitiva la ejecución del proyecto urbanístico en la finca de Muro. El equipo de gobierno reiteró durante el pleno de ayer que el cambio de normativa que se produjo durante la tramitación del proyecto provoca "inseguridad jurídica total" porque "se modificaron las condiciones de la licencia".
Los argumentos de la oposición
La oposición criticó al equipo de gobierno por basar el recurso en informes contratados a una consultoría externa y por hacer caso omiso a otros dictámenes elaborados por personal de la casa que eran vinculantes como el realizado por el entonces técnico de Urbanismo Tomeu Tugores.
Més per Muro afirmó además que el recurso podría costar un millón de euros al Ayuntamiento entre las costas y las indemnizaciones que podría reclamar la promotora y acusó al equipo de gobierno de "recurrir con el dinero de todos los murers". Este partido está estudiando la posible interposición de una demanda por prevaricación contra los responsables políticos y técnicos del otorgamiento de las licencias.
