El Ayuntamiento de Inca denunciará ante el consulado de Argentina la falsedad del consejo de guerra por el que se condenó a la pena capital al alcalde republicano de la ciudad, Antoni Mateu Ferrer (1901-1937). El pleno municipal que se celebrará esta noche debatirá y aprobará, presumiblemente por unanimidad, según han manifestado los diferentes portavoces, una propuesta del grupo Més per Inca. En ella se insta a que se formalice la denuncia en el marco de la causa que investiga el Juzgando Nacional de lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires contra los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil Española.

Margalida Capellà, diputa autonómica por Més, explicó ayer que "esta solicitud se sumará a las 32 denuncias presentadas en Balears". La diputada argumentó que es importante la adhesión de las instituciones para presionar a que se investigue".

Gabriel Frontera, portavoz del grupo municipal Més per Inca, destacó que "estos casos deberían de investigarse en España, pero no se hace debido a la ley de amnistía". Capellà agregó que "por ese motivo la causa se trasladó a Argentina donde una jueza se declaró competente. Por medio de las comisiones rogatorias que ha ido mandando se ha conseguido que se abran ya algunas fosas".

El caso particular de Inca es además mucho más amplio pues se trata del proceso 978/1936. En este consejo militar se juzgo la supuesta sedición de Antoni Mateu, Emili Darder -alcalde de Palma-, Alexandre Jaume-diputado socialista- y Antoni Maria Ques -destacado empresario y dirigente republicano de Alcúdia-.

Es, sin duda, el proceso más famoso de la represión franquista en Balears. La mayoría de historiadores coinciden en que dicho consejo de guerra pretendía por encima de la legalidad y justicia ser ejemplarizante al condenar a cuatro de las personalidades más emblemáticas del momento.

A Mateu se le condenó por sus supuestas conexiones con el Socorro Rojo, usando para ello unos documentos hallados en su escritorio y que según testimonios recogidos fueron "fabricados en el despacho del instructor, el general Ricardo Fernández de Tamarit". Fue fusilado el 24 de febrero de 1937 ante la pared del cementerio de Palma.

La vía elegida en estos momentos para intentar revocar la sentencia y restablecer la honorabilidad legal de Mateu es, en opinión de Capellà, "la que tiene más posibilidades de prosperar".

El propio secretario municipal explica que "en España es complejo pues se refiere a una sentencia firme que probablemente sólo pudiera revisarse mediante una nueva ley aprobada en el Congreso.