"Respetamos la decisión de los funcionarios expedientados al recurrir a un contencioso. Sabíamos desde el principio que estaban en su derecho, pues está previsto en la Ley, al igual que lo estaría para cualquier otro ciudadano en cualquier otra causa abierta en su contra". Así, en bloque, se manifiestan el equipo de gobierno Endavant-El Pi y el único grupo de la oposición, el PP. "Nos reafirmamos y defendemos las actuaciones realizadas desde el consistorio en relación a los expedientes de disciplina contra el arquitecto, Toni Campins, y la aparejadora, Rebeca F. del Rey, pues todas y cada una de ellas se ajustan a la Ley, aplicándose, además, criterios objetivos y cuantificables en todo momento". Tanto es así que el consistorio se está planteando la posibilidad de reclamar hasta 90.000 euros a Campins "por los perjuicios causados a las arcas públicas a raíz de las modificaciones unilaterales que hizo del proyecto del aparcamiento de la escuela pública de la Colònia de Sant Jordi".
El alcalde, Bernat Roig (Endavant) y los números uno de El Pi y el PP, Tolo Salvà y Juan Rodríguez, afirmaron ayer a DIARIO de MALLORCA que "lamentamos que se haya llegado a tal situación, pero se tenía que actuar contra las faltas que cometieron, entre las que cabe recordar emisiones de informes manifiestamente ilegales, desobediencia a superiores y perjuicios causados a la propia Administración". En consecuencia, "creemos que las sanciones son las justas por las faltas y el daño que han cometido, a nuestro entender de manera manifiesta".
Respecto al argumentario de los afectados, alusivo a que ellos se atendían a la legalidad vigente, Endavant, El Pi y PP no quieren entrar: "Sólo decir que es una falta de respeto total al conjunto de saliners y coloniers, y nos duele que, con unos fines claramente personales, se está vendiendo en los medios una imagen vergonzosa y falsa de nuestro municipio, este hecho ya no lo podemos consentir más".
Los integrantes políticos del consistorio incluso advierten de que "durante los meses precedentes, hemos recibido diversas quejas particulares contra las actuaciones de los apartados, y estamos estudiando también si estas causas pueden ser motivo de un nuevo expediente".
Imagen deteriorada
Gobernantes y oposición constatan su firme unión en toda esta 'movida' al avisar de que "tanto como consistorio como particularmente nos estamos a su vez planteando si podemos tomar medidas por daños a la imagen institucional y/o particular ante determinadas publicaciones en medios de comunicación que en ningún momento han sido contrastadas, y que en nuestra opinión son claramente parciales".
Sobre el duro 'castigo' a los expedientados, Roig, Salvà y Rodríguez subrayan que "no están apartados por ser incómodos, que es lo que ellos dicen, sino que están apartados por las faltas cometidas", en concreto cuatro faltas graves y tres leves Campins, y tres graves y dos leves, Del Rey.
Asimismo, Endavant, El Pi y PP remarcan que los expedientes en cuestión "hubieran podido ser instruidos desde el ayuntamiento, si bien en aras a la transparencia e imparcialidad, fueron instruidos por una persona ajena al consistorio". Exactamente, la persona que se ocupó de ello fue el funcionario del Govern Joan Carles Torrens, exdirector general de Agricultura en tiempos del Govern Matas. En sus conclusiones fijó unas supensiones para Campins de siete meses y medio, y para Del Rey, seis meses y 18 días. No obstante, un pleno extraordinario del ayuntamiento endureció las penas por unanimidad: 34 meses y 14 días para Campins, mientras que 31 y 2, del Rey. Roig dijo que, en base a informes jurídicos, "las sanciones podrían haber sido aún mayores", poniendo como ejemplo que para Campins hubieran podido fijarse hasta 44 meses.
Pide la reincorporación
Según ha podido confirmar este diario, Campins ha solicitado su reincorporación laboral, es decir, volver a su plaza de arquitecto municipal. Al respecto, el alcalde Roig concluye que deberá ser una resolución judicial la que determine si Campins puede o no ser reincorporado. No en vano, existe un proceso judicial abierto.
En el municipio se respira tensión por este polémico caso de las suspensiones de Campins y Del Rey, así como por las múltiples polémicas urbanísticas que afectan a políticos y particulares.
