El arquitecto municipal Toni Campins y la arquitecta técnica municipal, Rebeca F. del Rey, han presentado ante los juzgados un contencioso administrativo contra la instrucción y resolución de sendos expedientes disciplinarios que han comportado la separación de servicio (suspensiones de empleo y sueldo) de 34 y 31 meses, respectivamente.
Diario de Mallorca ha tenido acceso a la demanda presentada por Campins, en la que se advierte de que "la resolución impugnada incurre en desviación de poder" al perseguir apartarle de su lugar de trabajo, pues se ha convertido "en un funcionario incómodo" al no desmarcarse de la "legalidad vigente". Principalmente, sostiene, por haber denunciado a la exalcaldesa, Maria Bonet (PP), ahora imputada, y al arquitecto Joan Serra Burguera, que también está siendo investigado (diligencias previas en el juzgado de instrucción 1 de Manacor), ambos por casos de presuntos delitos urbanísticos. "Resulta evidente que a la vista de la actuación de mi representado de acudir a los Tribunales y Fiscalía cuando no se procedía en el ámbito administrativo a lo que él consideraba que era lo legal, se tomó la decisión de apartarlo de su lugar de trabajo", indica el letrado que defiende a los dos funcionarios.
Acoso laboral
Según la demanda, desde la presentación de la denuncia a Fiscalía contra Bonet (febrero de 2015), los funcionarios sufrieron acoso laboral, se destituyó a Campins de Jefe de Urbanismo, se le ordenó dejar el despacho, se les abrieron expedientes disciplinarios suspendiéndolos cautelarmente por seis meses y, finalmente, las sanciones propuestas por el instructor se multiplicaron por cinco.
Asimismo, la demanda advierte que, un poco antes de finalizar los seis meses de suspensión cautelar, cuando ni siquiera había finalizado la instrucción, el Ayuntamiento convocó una bolsa de trabajo de arquitectos y dio de baja a Campins de su seguro de responsabilidad civil, "por lo que es elocuente que el Ayuntamiento sabía que no se reincorporaría a su puesto de trabajo incluso antes de finalizar la instrucción".
El instructor del expediente disciplinario, Joan Carles Torrens, fijó unas suspensiones para Campins de siete meses y medio, y para Del Rey, seis meses y 18 días. No obstante, en un pleno extraordinario y urgente de ses Salines (noviembre de 2015) se endurecieron las penas: 34 meses y 14 días para Campins y 31 y dos para del Rey. Se detectaron cuatro presuntas faltas graves y tres leves cometidas por Campins, y tres graves y dos leves en el caso de Del Rey.
Junto con la demanda, Campins ha presentado grabaciones con las que pretenden demostrar la falsedad de varias pruebas y desmontar acusaciones en su contra del secretario, Jaume Perelló, quien, según el abogado del denunciante, podría llegar a ser encarcelado, multado e inhabilitado en base al Código Penal.
La Fiscal Anticorrupción, Ana Lamas, solicitó al consistorio expedientes y se prevén nuevas citaciones en fechas próximas.
