La intención del ayuntamiento de Santa Margalida de instalar este año una serie de chiringuitos y otros servicios en la playa de Son Serra de Marina ha provocado una inusitada reacción social que se ha traducido en casi 1.700 alegaciones a título individual contra el proyecto, que ayer fueron registradas en la demarcación territorial de Costas junto a las presentadas por el GOB y la asociación de vecinos de Son Serra.

Las alegaciones personales han sido recogidas en menos de una semana, ya que empezaron a firmarse el pasado domingo con motivo de la cadena humana que congregó a más de 5.000 personas contra los chiringuitos.

El grupo ecologista GOB y la asociación vecinal de Son Serra presentaron sus propias alegaciones contra el proyecto municipal, basadas en el argumento de que las instalaciones de restauración y los servicios playeros afectarán el área protegida por la Xarxa Natura 2000, principalmente el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de na Borges, donde está prevista la habilitación de un quiosco con terraza, sombrillas, sillas y otras instalaciones de ocio.

Según las alegaciones presentadas, esta zona LIC "no cuenta con un plan de gestión aprobado que definiría los usos compatibles con la conservación del espacio". El GOB considera que "el hecho de no conocer su estado de conservación nos aboca a la necesidad de aplicar el principio de precaución ante cualquier nueva actividad que quiera desarrollarse en la zona".

Además, las alegaciones instan a Costas a tener en cuenta que las instalaciones de temporada "pretenden colocarse sobre la zona de desembocadura del torrente de na Borges", con el peligro que ello supone en caso de que el cauce se desbordara.

Asimismo, los textos presentados ayer en la demarcación territorial rechazan también la instalación de un chiringuito en un solar urbano que está ubicado en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Tal y como publicó ayer este diario tras una denuncia del GOB, este solar ha sido objeto de un vertido de piedras y arena sin licencia que "contraviene la Ley de Costas", según subraya el colectivo ecologista.

El GOB rechaza el argumento "recaudatorio" del Ayuntamiento y añade que "la preservación de un entorno excepcional y único debe prevalecer por encima de cualquier argumento económico".