La conselleria de Movilidad del Govern ha revocado las autorizaciones a diversas líneas de autobús de Mallorca con la que los pasajeros podían viajar de pie. La decisión obedece a razones de seguridad y a las numerosas quejas que suscitó en su momento la autorización para poder circular de esta manera.

La medida fue adoptada por el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) y afecta a diversas líneas que circulan por autopistas y a algunas que lo hacen por carreteras de montaña.

De esta forma, los autobuses de las líneas 340, 351, 500, 501, 502, 503, 515 y 525 tienen prohibido llevar más pasajeros de los que pueden llevar sentados en diversos tramos de su recollido cuando circulan por la autopista. Estas líneas cubren los servicios entre Muro, Port de Pollença, Campos, Colònia de Sant Jordi, Cala Figuera, Sa Ràpita y Cala Pi con Palma.

Tres líneas

Por su parte, tres líneas que tienen como destino Sóller también se ven afectadas por la decisión del CTM. Se trata de la línea 211 que circula por el túnel, la 210 en el tramo entre Valldemossa y Palma y el tramo entre el Gorg Blau y Sóller de la línea 354 que enlaza Sóller con Can Picafort. La decisión tomada por el departamento que dirige Joan Boned tiene por objetivo "mejorar la seguridad, la comodidad y el confort para los usuarios de los autobuses", afirma un comunicado, que añade que de esta forma se toman en cuenta las quejas que originó la autorización autonómica para poder llevar pasaje de pie.

Autorización de 2012

Esta controvertida medida se puso en marcha en el año 2012 cuando el CTM emitió una autorización a las líneas afectadas para que sus autobuses pudieran transportar pasajeros en pie, algo que es habitual en los autobuses urbanos que circulan por las ciudades.

Este cambio permitía incrementar el volumen de pasajeros en los autobuses adaptados a esta circunstancia, aunque entre los usuarios no fue bien recibido. Muchos pasajeros alegaron entonces que se ponía en jaque su seguridad al tener que realizar recorridos por carreteras o autopista sin poder disponer de un asiento.

Podemos presentó recientemente una propuesta al Ejecutivo autonómico para que suprimiera esta autorización, algo que ya se ha hecho efectivo con la resolución del consorcio de transportes.