El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, comunicó ayer a representantes de las compañía constructoras Dragados y Coexa que el próximo martes se elevará a la consideración de la Fundación Teatre Principal la rescisión del contrato de rehabilitación del teatro. En esa propuesta se les hace responsable del abandono de las obras y de la pérdida de la subvención de los fondos Feder.
La fundación Teatre Principal de Inca, propietaria del centenario inmueble, está compuesta por el Ayuntamiento de la ciudad, el Govern balear y el Consell de Mallorca.
La aprobación de esta propuesta del Ayuntamiento, que cuenta con la práctica totalidad de posibilidades de ser aprobada, supondría la reclamación de daños y perjucios, que aún no han sido cuantificados así como la reclamación de los 2,4 millones de euros que la Unión Europea había concedido como subvención a cargo de los fondos Feder.
El alcalde ordenó la redacción de tres informes técnicos diferentes sobre la responsabilidad del parón de las obras, acaecido en octubre de 2014 por parte de la UTE Dragados-Coexa. Tras estudiar estos informes, el secretario municipal ha emitido un informe jurídico en el que recomienda la rescisión del contrato y la solicitud de daños y perjuicios al considerar única responsable de los mismos a las UTE.
Las empresas detuvieron las obras alegando defectos del proyecto que las hacían inejecutables sin otras obras complementarias. Para llevarlo a cabo exigían más dinero, algo a lo que se negó el Ayuntamiento que entonces presidía el popular Rafel Torres. El exalcalde asegura que "por ley no se puede pagar más de un diez por ciento extra, y cuando está justificado; si hubiera accedido el teatro estaría finalizado pero hubiera cometido prevaricación y el pueblo hubiera pagado mucho más de lo que valen los trabajos".
Torres sostiene que la resolución muncipal "llega tarde y mal. Se han tenido muchos meses de tiempo en los que no se ha actuado, en los que ha habido desidia. El Ayuntamiento debería demandar a las empresas y a los redactores del proyecto para cubrirse las espaldas. Lo que está claro es que no es culpa del consistorio".
