El gobierno municipal de Calvià, formado por el PSOE y Sí Se Puede (SSPC), ha acordado un calendario de actuaciones para acabar con el "agravio comparativo" que, en su opinión, supone que la Iglesia no pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sobre sus propiedades.
En este sentido, el equipo de gobierno pedirá al Ejecutivo central que modifique la Ley de Haciendas Locales, que, en su artículo 62, consagra la mencionada exención fiscal, en virtud de los acuertos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede.
Concordato de 1979
Las fuerzas progresistas que gobiernan en Calvià consideran, además, que deben derogarse ese Concordato y el resto de acuerdos de cooperación con otras confesiones religiosas, al entender que "estas normativas suponen un agravio comparativo con la ciudadanía en general". La posición municipal se da a conocer después de que este diario informase de que el equipo de gobierno rechazó una alegación de Esquerra Oberta a la ordenanza fiscal del IBI pidiendo que se cobrase la contribución a las propiedades eclesiásticas en el municipio.
El Ayuntamiento se justificó también con el argumento de que la Ley de Haciendas Locales incluye esta exención fiscal y que no se puede contravenir la norma.
