El responsable que dejó sin terminar un proyecto de 189 chalés, que se estaban construyendo en un solar de Cala Romántica, atribuyó el fracaso de esta promoción a la crisis bancaria y, sobre todo, a la falta de financiación. El acusado, José Miguel G.C., arquitecto y promotor, fue ayer juzgado en la Audiencia de Palma acusado de un delito de insolvencia punible. El fiscal Jaime Guasp le reclama una condena cinco años de cárcel y el pago de una indemnización de casi 28 millones de euros, que es el precio total del concurso que se tuvo que tramitar por la quiebra de esta empresa.

Este proyecto se inició en el año 2005 a través de la entidad Terrapolis. La promoción se financió a través de un préstamo hipotecario que concedió la entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de 23,1 millones de euros. El dinero debía servir para construir 189 viviendas.

Según sostiene la acusación, el acusado únicamente dispuso de 16,8 millones del préstamo, pero al mismo tiempo el promotor también recibió otros nueve millones, a través de pagos a cuenta, que le entregaron los compradores de estas viviendas. Las obras se tuvieron que paralizar porque la empresa se quedó sin fondos económicos, debido a que el banco se negó a proporcionar más financiación como consecuencia de las irregularidades que detectó.

La contabilidad de la promotora no respondía a la situación real de la empresa y se detectó que el acusado había desprovisto de capital a la sociedad, llevándola directamente a la quiebra. Una maniobra económica que consistió en trasladar el dinero a varias empresas de un grupo de sociedades controladas por el acusado. Este movimiento de capital se justificó a través de deudas inventadas. Se comprobó que se produjo un trasvase de dinero de alrededor de diez millones de euros, operaciones que en ese momento no se justificaban o que se justificaron con posterioridad.

El acusado, que es arquitecto de formación, declaró ayer a través de videoconferencia. Alegó que no tenía fondos para pagarse el desplazamiento a Mallorca para asistir a este juicio.

El promotor atribuye sus problemas económicos a la crisis del sector de la construcción, derivada de la caída de la subprime. Situó la debacle en el mes de agosto de 2007. "Se terminaron los créditos. Los que teníamos créditos por pagar nos impusieron criterios mucho más estrictos. El dinero se fue en pagar los intereses y en las letras que devolvían. Nos quedamos sin liquidez, pero no fui el único promotor al que le pasó lo mismo", señaló el acusado. También cuestionó que no se exigiera a los compradores que abonaran las letras que se devolvieron, situación que llevó a la empresa a una situación de insolvencia.

El acusado discute sobre el porcentaje de obra terminada que señala el informe concursal. El arquitecto afirma que la promoción está prácticamente acabada y que solo falta el diez por ciento de la obra. En cambio, en el informe concursal se señala que el porcentaje del trabajo realizado no supera el 60%.

Suspendido

El juez que tramitó el concurso de esta empresa promotora suspendió las facultades del acusado para administrar su sociedad. Una decisión que se adoptó al detectarse graves errores en los datos de los libros de contabilidad que presentó el promotor. Los datos no reflejaban la situación real de la tesorería, según explicó ayer al tribunal el autor del informe concursal, que detalló que esta empresa actuaba "a salto de mata", dado que no existía ningún control interno sobre las cuentas y que el grupo de empresas que dominaba el acusado actuaba "como caja única". El administrador señaló que la obra se podría haber terminado, pero que el banco no vio la operación con claridad y prefirió ejecutar la hipoteca que no se había pagado.

El administrador señaló también que la entidad financiera perdió la confianza en que el promotor pudiera terminar la obra. Por esta razón, se negó a abonar los diez millones de euros restantes, y del préstamo inicial de 24 millones, solo entregó 14 al constructor.

El testigo dijo que la obra, en parte, no se terminó por la postura del banco y consideró que la promoción se podría haber concluido si alguna de las partes implicadas hubiera cedido en la negociación.