La pregunta del portavoz popular, José Manuel Ruiz, sobrevoló esta semana el salón de plenos de Calvià. Dirigiéndose al equipo de gobierno progresista, lanzó la siguiente cuestión: "¿Ustedes ya tienen claro si se va a desprivatizar el [servicio de suministro de] agua?". El alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) respondió: "La decisión que tomemos, cuando conozcamos las circunstancias y en función de los intereses ciudadanos, se adoptará pensando en el interés público".
Un lustro después de que se privatizase el servicio de agua que prestaba la empresa municipal Calvià 2000, bajo el mandato del alcalde Carlos Delgado, la remunicipalización se introduce en el debate municipal. Sobre todo, con la llegada al poder de los socialistas, que en su momento se posicionaron enérgicamente contra la externalización y que, además, mantienen viva en los tribunales una demanda contra esa decisión.
Ninguna postura oficial ha salido hasta la fecha por parte del equipo de gobierno. Esta semana, el alcalde sí que sostenía que es "una lástima que hasta 2060 la concesión recaiga en una empresa privada". A día de hoy, tres compañías se encargan de la gestión del agua: Aguas de Peguera, Aterca e Hidrobal. La concesión de las dos primeras acaba en 2019 y en 2025, respectivamente.
Las bases del concurso que ganó Hidrobal (antes Sorea), que se hizo con el servicio que daba Calvià 2000, le permitían hacerse con las otras concesiones cuando expirasen, de forma que el servicio estaría unificado bajo esta empresa hasta 2060. "La gestión del agua está secuestrada hasta 2060 en Calvià, en contra de los ciudadanos", afirmó recientemente el regidor de Esquerra Oberta Alfonso Rodríguez Sánchez.
Pacto por el agua
Este grupo político, que no forma parte del equipo de gobierno pero que suscribió el acuerdo de investidura del alcalde socialista, ha promovido una moción plenaria para que el Ayuntamiento se integre en la asociación española de operadores públicos de abastecimiento y saneamiento (AEOPAS) y suscriba el Pacto Social por el Agua, que se marca como objetivo frenar la "ofensiva" de las empresas privadas por hacerse con este tipo de servicios en los municipios.
"Hay que reconocer el agua como un bien público al que todos los ciudadanos tenemos derecho", manifestó Rodríguez Sánchez, durante su intervención en el último pleno, donde se ratificó la moción.
El informe técnico municipal que se hizo para valorar la incorporación a este Pacto Social por el Agua recordaba que el municipio ya no puede frenar la entrada de las empresas privadas dado el mapa actual de concesiones.
Cambio de gestión
El informe establecía que, para emprender una posible remunicipalización del servicio, habría que justificarla por la supuesta improcedencia en el cambio de gestión de pública a privada, que es precisamente la base de la demana que ahora se dirime en los tribunales. Otra alternativa sería que hubiera un "incumplimiento contractual grave" por parte del concesionario, según sostenían los técnicos.
El informe concluía que, si se toma la decisión de remunicipalizar la gestión, habría que emprender una vía judicial que "podría derivar finalmente en la compensación mediante devolución de los cánones e inversiones realizadas por el concesionario". Una indemnización que este estudio cifra en torno a los 60 millones de euros.
