"Me siento avergonzado de lo que hice. Y pido disculpas otra vez. No soy un terrorista. Fue una estupidez de la que no estoy orgulloso". Son palabras del joven solleric de 23 años acusado de incendiar en 2012 el coche particular del entonces alcalde del PP, Carlos Simarro, delante de su casa. Su juicio se celebró ayer en la Audiencia de Palma y quedó visto para sentencia.

La fiscal rebajó considerablemente su petición inicial y, en la práctica, solicitó una pena que no supondría su ingreso en prisión: 15 meses de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad, más otros ocho meses sustituibles por una multa. La defensa del acusado y los abogados del Ayuntamiento y de la aseguradora suscribieron estas conclusiones. La acusación particular, en nombre de Simarro, mantuvo su petición de 5,5 años de prisión.

Pese a que a primera hora de la mañana se especulaba en los pasillos judiciales sobre la posibilidad de que el juicio no se celebrase por un acuerdo previo entre las partes, éste finalmente no llegó. La sesión se abrió con el testimonio del joven, quien reconoció todos los hechos de los que se le acusaba.

Así, confirmó que la madrugada del 5 de septiembre de 2012, en compañía de un menor, se dirigió al domicilio del político e incendió con gasolina el coche particular de Simarro, marca BMW y valorado en 11.799 euros. "Yo sabía dónde vivía [Simarro], porque era cliente de su clínica veterinaria", dijo el acusado, quien reconoció que actuó por motivos políticos, pero sin pertenecer a ninguna organización concreta.

Doce días después, también de madrugada pero esta vez solo, causó daños por valor de 7.617 euros en 14 parquímetros de Sóller con una pistola soldadora. Esa misma noche confesó todos los hechos, cuando fue detenido después de una persecución por las calles en la que dos policías locales sufrieron heridas, según declararon ayer los agentes.

El abogado defensor consideró que la condena a su representado es "inevitable", pero pidió al tribunal que valorase varios atenuantes, como su confesión de los hechos "antes de que se iniciara el proceso penal" o su petición pública de disculpas en los medios de comunicación. Remarcó la "reparación de daños" realizada por el acusado, que antes del juicio consignó una cantidad inicial de 9.000 euros para indemnizar a Simarro y a la empresa de los parquímetros Sóller 2010, además de otros 1.104 euros para resarcir a los agentes lesionados.

La fiscal tuvo en cuenta todas estas circunstancias para fijar su petición final de condena. "Es excesivo que este chico ingrese en prisión. Le quedan unos antecedentes y en el pecado ya lleva la penitencia", manifestó, en referencia al hecho de que, tras la condena, cualquier futuro desliz con la justicia, acarrearía su inmediato ingreso en la cárcel. Si en un primer momento la Fiscalía pedía un total de 6,9 años de prisión, ayer redujo su petición a 15 meses por atentado contra la autoridad, más otros ocho meses sustituibles por multa, por delitos de daños y resistencia a los agentes.