Joan Planas, exregidor de Medio Ambiente del ayuntamiento de Sant Llorenç, bajo las siglas del Grup Independent de Son Carrió (GISCa), salió ayer al paso de la noticia referente a que la jueza del caso Pokémon, Pilar de Lara, apuntaba al pago de comisiones de hasta el 3 por ciento a responsables municipales. Según el exedil (ocupó el cargo la pasada legislatura), "yo nunca he exigido comisiones a nadie, no he incumplido ninguna ley para enriquecerme personalmente".

Planas, de profesión abogado, explica que a raíz de la grave crisis económica, durante su mandato sí que pidieron a diferentes empresas y propietarios de alquileres "que rebajasen un tres por ciento u otro porcentaje sus facturaciones, a fin de beneficiar al pueblo y no perjudicar a las arcas municipales". En esta línea, indica que "los miembros del equipo de gobierno, viendo como a los funcionarios también se les bajaba sus sueldos, reducimos también nuestras remuneraciones, aproximadamente un 5 por ciento". Por todo ello, Planas destaca la correcta gestión del ayuntamiento de Sant Llorenç, "realizando mucho trabajo para lograr superávit municipal y endeudamiento cero".

Cabe recordar que el complejo caso Pokémon aborda actividades y concesiones supuestamente delictivas cometidas en relación a las empresas del GrupoVendex en Galicia, Cataluña y Balears. Se investigan presuntos fraudes a la Hacienda pública. En Sant Llorenç se mira con lupa lo sucedido con la empresa Econar.