El Club Esportiu Constància deberá hacer frente al pago de 70.000 euros al que ha sido condenado para sufragar las obras de instalación de césped en el polideportivo municipal Mateu Cañellas de Inca. La juez titular del Número 1, Ana María Sánchez Macías estima que firmó los contratos y la recepción de obras que le obligan a afrontar el pago de los trabajos.
El representante legal del club, Guillem Batle, esgrimió varias razones para oponerse a la demanda de la empresa que efectuó los trabajos, pero todas ellas han sido rechazadas. Incluso el expresidente Jordi Guirado aseguró en el juicio que accedió a firmar porque "varios concejales" le requirieron para ello como "única forma de obtener una subvención de la Federación de Fútbol Balear" y que lo hizo "manifestando que el club no tenía que ser perjudicado".
Las obras se llevaron a cabo el año 2007 y consistieron en la instalación de césped artificial en el campo de fútbol del polideportivo municipal. El Ayuntamiento firmó un convenio con el Constància y con la federación para efectuar dichas obras. El primero cedía el uso del terreno, el segundo debía ser el promotor y el tercero abonar una subvención. Sin embargo la subvención concedida no cubrió la totalidad de las obras.
Dos cheques
La federación emitió dos cheques por importe de 90.000 y 70.000 euros al Constància. Éste los endosó a la empresa contratista, Tonide SL. La factura de la empresa ascendía a 230.000 euros por lo que ésta reclamó el pago de los 70.000 restantes al Constància como promotor de las obras.
El abogado del Constància, entre otras alegaciones, afirmó que Jordi Guirado no podía firmar los contratos porque en esos momentos no era presidente del club. Sin embargo la jueza considera que el hecho de que el club endosara los cheques que percibió como subvención para las obras es un reconocimiento de que aceptaba el papel de promotor.
La jueza tampoco estima que la constructora no esté activa en la actualidad ni presente declaraciones de IVA u otros impuestos . Considera que se trata de un asunto que compete a la empresa y a la Agencia Tributaria pero que no elimina la deuda existente entre las partes litigantes.
De la misma forma pesa el hecho de que Guirado firmase las actas de recepción de las obras por lo que no se tiene en cuenta un informe presentado, con posterioridad por un técnico municipal en el que se advierte de que parte de las obras no están conclusas y que los trabajos que quedan ascienden a 60.500 euros. La jueza indica que "la reclamación debió hacerse en la contestación a la demanda" e incide en que "en el acta de recepción de la obra el promotor declara recibirla sin ningún tipo de reserva".
Guillem Batle ha recibido ya la sentencia y la ha remitido al club. Se da la circunstancia de que el abogado es uno de los socios antiguos de la entidad e incluso fue vicepresidente de la misma. Batle sostiene que "a pesar de que la sentencia puede ser recurrida no hago cuentas hacerlo porque sería una causa perdida y sólo incrementaría los gastos. El presidente que aceptó estas obras no se preocupó de hacer firmar recibos o cancelación de deuda y ahora tenemos el resultado. El club no tiene ese dinero pero ha sido condenado a pagarlo".
