La magistrada señala que los agentes de la Guardia Civil fueron víctima de una burla por parte de los cuatro acusados, ya que cuando les ordenaban que se levantaran y dejaran libre la vía para que pudieran circular los coches oficiales, los activistas les contestaban en catalán que no "les entendían", al tiempo que mostraban una total indiferencia. Esta actuación, a juicio de la juez, supone un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

También desacredita la magistrada la declaración de varios testigos, todos ellos vecinos de Bunyola, que "negaron hasta lo evidente", al tratar de derivar la responsabilidad del incidente a los menores que participaban en la protesta. Los testigos llegaron a sostener que la carretera no se llegó a cortar y que los cuatro acusados se situaban a un lado de la vía. Además dijeron que los vehículos se detuvieron voluntariamente, debido a que "nada les impedía avanzar".

En cambio, mucha más credibilidad da la juez a las manifestaciones de los agentes de la Guardia Civil, ya que todos ellos coincidieron que la presencia de los acusados les impedía seguir circulando y que los cuatro jóvenes se negaron reiteradamente a cumplir la orden para que se levantaran.