Los cuatro jóvenes juzgados ayer por el incidente ocurrido en Bunyola, tras el paso de una comitiva en la que iba el expresident Bauzá, calificaron ayer el juicio de "político". Y lo hicieron tras defenderse de la acusación de un delito de desobediencia, por el que la fiscalía reclama una multa económica de 1.260 euros.

Antoni S., Roser A., Amadeu C. y Joan S. fueron detenidos por la Guardia Civil el día 28 de mayo de 2012. Ese día se organizó una concentración de protesta en la localidad de Bunyola con motivo de la visita de Bauzá, que había previsto un acto político en un restaurante de la localidad. La concentración se celebró en la plaza, pero después se trasladó a la zona de la estación. El president, debido a los problemas de orden público que había sufrido en anteriores visitas a otros pueblos, llegó acompañado de una fuerte escolta de la Guardia Civil. La unidad policial se había trasladado desde Valencia.

La fiscalía afirma que los cuatro detenidos, entre otros, se sentaron en mitad de la calzada, impidiendo la circulación de los vehículos de la Guardia Civil. Mantiene la acusación que no cumplieron la orden de los agentes de la autoridad para que se levantaran del suelo y dejaran paso a los vehículos policiales. Y al no acatar la orden, tras las reiteradas advertencias, se procedió a la detención de los cuatro activistas por un delito de desobediencia grave.

Los cuatro acusados, defendidos por el abogado Josep de Luis, negaron ser los convocantes de la protesta y explicaron que ni siquiera tuvieron un papel especialmente activo durante este acto. De hecho, su abogado afirma que fueron detenidos "por su perfil y por su pasado político".

Precisamente, a preguntas de su defensa, los jóvenes reconocieron que estuvieron sentados en la calzada, pero que en ningún momento se resistieron a cumplir la orden de los agentes para levantarse y dejar espacio para que pasaran los vehículos. Los acusados explicaron que en la protesta había un numeroso grupo de menores y algunos testigos ratificaron que fueron los que más gritaron en protesta contra el entonces president. Coincidieron los cuatro en que no existió ninguna situación de peligro, que justificara la actuación violenta de los agentes.

La magistrada que dictará sentencia escuchó la declaración de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en estas detenciones. La orden que tenían era proteger la comitiva del president, que se desplazaba de Lloret a un restaurante, sin que estuviera previsto que se detuviera en Bunyola. Explicaron que los vehículos tuvieron que detenerse porque los manifestantes habían invadido la calzada e impedían el paso del convoy. Señalaron que ya habían tenido problemas para pasar por la plaza y que la situación se repitió en la estación. El jefe de la unidad negó que hubiera una orden política de detener a los manifestantes y sostuvo que se acordó esta medida después de insistir a los jóvenes que depusieran su actitud, se levantaran y dejaran paso libre en la carretera. Los otros funcionarios defendieron que las detenciones fueron acordes con la situación y que no hubo más remedio que proceder a esta medida porque los acusados se negaron en rotundo a cumplir las órdenes. Uno de los agentes recordó que la gente les insultaba, manifestando gritos a favor de las organizaciones terroristas ETA y de Terra Lliure.

La defensa llamó a declarar a un grupo de vecinos de Bunyola que acudió a la manifestación y presenció las detenciones. Los testigos sostuvieron que los vehículos policiales podrían haber circulado porque únicamente se había invadido uno de los dos carriles de circulación. Ninguno de ellos escuchó la orden de que se dejara libre la calzada. El fiscal tuvo que recordarles que podrían ser acusados de falso testimonio.