Ayer se celebró la vista del juicio en el que la empresa Tonide SL reclama 70.619 euros pendientes de pago de las obras de colocación de césped artificial en el campo de fútbol del complejo municipal Mateu Cañellas de Inca. Durante la vista, el abogado de la empresa intentó demostrar en todo momento que la constructora tenía relación únicamente con el Constància y que el club era quien le debía abonar la factura.

Bárbara Molinas, administradora de Tonide, declaró que su empresa hizo la instalación de césped artificial y que el importe de las obras era de 230.000 euros. Molinas aseguró que tenía un contrato con el Constància y negó cualquier vinculación con el Ayuntamiento o la Federación Balear de Fútbol.

El abogado del Constància, Guillem Batle, se presentó solo al juicio. El presidente actual, Gabriel Burguera, no quiso asistir a la vista, según explicó el letrado, alegando que no había sido citado. Batle se prestó a declarar en virtud de un poder de la entidad, algo que rechazó la jueza. El abogado de la empresa solicitó que se considerara "confeso" al Constància al negarse a acudir.

El abogado Batle, expuso en sus conclusiones que el presidente del Constància que firmó el contrato con la empresa, Jordi Guirado, "no tenía facultad para hacerlo pues en ese momento era presidente de una junta gestora y no exactamente del club". Además, afirmó que "una decisión así se debía adoptar en una asamblea general de socios".

La obra

Batle intentó demostrar durante el juicio que tampoco las obras se habían ejecutado por completo. El aparejador municipal, Bartomeu Ramón, declaró que se le había encargado recientemente que redactara un informe sobre si se habían ejecutado todas las obras. Sin embargo, la juez advirtió a la defensa del Constància que en su día no solicitó una prueba pericial sobre dicho particular. Aun así, el técnico manifestó a la sala que conforme a dos catas, efectuadas en el terreno de juego, faltaba obra por ejecutar por valor de 64.520 euros.

Al margen de la deuda y de la presunta responsabilidad de pago del club, el expresidente Guirado efectuó una declaración ante la juez en la que aseguró que todo el asunto era una inversión pactada entre el Ayuntamiento de Inca y la federación y que el concurso del Constància se limitó exclusivamente a "figurar" para que se pudiera conceder una subvención a la instalación deportiva municipal.

"Me llamaron Felipe Jerez, concejal de deportes, y Bartomeu Seguí, concejal de Urbanismo. Me dijeron que tenían un proyecto para dotar de césped artificial al polideportivo municipal y que necesitaban nuestra colaboración -la del Constància- para obtener la subvención".

Acuerdo

El expresidente afirmó: "El Ayuntamiento estaba de acuerdo con la Federación de Fútbol y yo les dije que me prestaba a colaborar siempre y cuando el club no saliera perjudicado".

Aseguró que firmó las certificaciones de las obras porque "el señor Juan Amer -vinculado a la empresa constructora- me pedía que las firmara porque se trataba de asuntos técnicos de la obra".

En la vista también declaró el exalcalde Rafel Torres, quien aseguró que entonces no era alcalde ni concejal de deportes así que no conocía exactamente los detalles del asunto.