Se han cumplido 25 años de un triste episodio que puso en pie de guerra al sector agrario de sa Pobla: la crisis de la Cooperativa Agrícola Poblense (CAP). Un cuarto de siglo que ha dejado en el olvido hechos y actuaciones que conmovieron y encresparon los ánimos de unos hombres y mujeres que no se resignaban a concebir que se habían esfumado unos ahorros acumulados durante años de sudores vertidos sobre los surcos de sus tierras, al tiempo que observaban impotentes como la emblemática entidad caía en la bancarrota.
Dos trabajos de investigación realizados por los historiadores Miquel Àngel Sastre Vanrell y Gabriel Gost Pons analizan las causas y los hechos que motivaron que el 3 de octubre de 1989, la CAP suspendiera pagos.
Los estudios sitúan la consolidación de la Cooperativa entre los años 1953 a 1978, periodo durante el cual ostentó la presidencia Rafel Serra Company, Tianet (15-03-53 a 08-04-78). Serra también fue alcalde sa Pobla entre 1969 y 1983. A los tres años de acceder a la presidencia, en 1956, comenzó a operar la sección de crédito, que dependía de la propia cooperativa, que a su vez renovó sus estatutos para incluir la labor social. En 1963 se construyó un almacén anexo y fueron ampliadas las oficinas.
Según Sastre y Gost, "después de la muerte de Franco comienza a observarse la aparición de ideas discordantes en la cúpula de la entidad contra su presidente, considerándolo un continuador de la época franquista".
Rafel Serra dimitió por las presiones a las que se veía sometido, por parte de sus opositores. Uno de sus máximos adversarios, Guillem Caldés, accedió a la presidencia en 1978, iniciándose con su llegada una etapa renovadora para la CAP encaminada a obtener mayor presencia en el mercado interior, la conquista de mercados exteriores, la modernización de infraestructuras y la mecanización del sector.
La etapa de transición no fue pacífica. Se produjeron enfrentamientos violentos, entre los partidarios del continuismo y los promotores del cambio. Prueba de ello fue el episodio de la noche del 6 de noviembre de 1979, bautizado como la batalla de ses cebes que se desarrolló en la plaza Major. La causa fue la guerra de precios entre los comerciantes de la patata más potentes y los payeses socios de la CAP. Los productores pretendían que el Ayuntamiento, presidido por Serra Company, interviniera. Los miembros del consistorio fueron agredidos por los agricultores que lanzaron cebollas a las puertas de la Casa Consistorial y prendieron fuego a las persianas.
El conflicto acabó pasadas las dos de la madrugada, ante una llamada a la calma del portavoz de la oposición municipal, el doctor Bartomeu Siquier Serra, Mestrés (UCD) y la llegada, desde Inca, de una dotación de las Fuerzas de Seguridad.
Llega Paco Berga
Los nuevos quisieron insuflar aires renovadores y captar nuevos afiliados, llegando a sobrepasar los 2.500 en 1980. En 1979 se instauró la Festa Pagesa, que se celebró hasta 1988 con una oferta de ocio y entretenimiento para socios y familiares; desde una corrida de toros, a concursos de paella, bailes y otros entretenimientos. Así mismo se instituyó la Patata d´or y la distinción de Pagés de l´Any. Fiesta y boato que suponían un considerable coste económico a las arcas de la CAP, que ya acumulaban una deuda de 157 millones de pesetas.
En 1980 se contrató a Francisco Berga Picó como gerente, siendo presidente Guillem Caldés y Rafel Crespí, secretario. Berga cuenta en su libro, escrito en la cárcel, De CAP a Brokerval, las prioridades de los rectores de la cooperativa: "La filosofía era clara; a medida que la CAP fuese consiguiendo un mayor volumen de comercialización, más debilitaríamos a los comerciantes de patata y con ello se lograría alcanzar el objetivo final de concentrar la producción en manos de los mismos agricultores. Una vez logrado este primer objetivo, éste nos llevaría a la situación de poder obligar al comerciante a pasar por la cooperativa y por tanto, de fijar el precio de la patata...".
A partir de aquí se abren nuevos mercados y se exporta patata a territorios como Perú, Barbados y Antillas, Yemen, Arabia Saudita o Líbano, entre otros, y Paco Berga obtiene diversos premios y reconocimientos, entre ellos el de mejor exportador de España.
Ante la fuerte competencia de Mercapalma, la CAP y Mercorsa, deciden fundar Mercocap, con sede en Marratxí y otra nave en el polígono Son Castelló. La inversión rondó los 370 millones de pesetas; una decisión desacertada porque siempre fue una empresa deficitaria, hasta el punto de declararse en quiebra voluntaria a principios de abril de 1989. Otra de las inversiones realizadas fue la construcción de un salón comedor con cocinero propio, con capacidad para un millar de personas, en la calle Gómez Ulla. Por el comedor, desfiló prácticamente todo el pueblo, invitado a las cenas organizadas durante la campaña electoral apoyando a Convergència Poblera, que ganó los comicios municipales de mayo de 1983, con Antoni Torrens, Mama como alcalde.
Tampoco se entiende que en 1984, la cooperativa adquiriera 44.308 metros cuadrados de la finca sa Vileta para edificar los nuevos almacenes y sede social, cuya primera fase se inauguró un año después. Se explicó que los primitivos almacenes en el casco urbano causaban serias molestias a los vecinos y en la necesidad de comercializar nuevos productos, ante el ingreso de España en la CEE. Gost y Sastre, ambos coinciden en calificar el periodo comprendido entre los años 1982 y 1989 como de "esplendor exterior y penumbra interior".
Tampoco se regatearon gastos en los actos organizados con motivo del 50 aniversario de la entidad- Los fastos quedaron recogidos con halagadora prosa e ilustración gráfica, en un libro de 40 páginas, editado por la propia CAP, bajo el título 50 anys de força poblera. Entre l´ahir... i el futur. Ojeando sus páginas, se observa la variedad de actos festivos, culturales y sociales que se desarrollaron, desde un viaje de "un grupo de socios y señoras a Cuba" hasta cenas para socios, empleados, clientes y proveedores. Como colofón, la CAP quiso alegrar las navidades de aquel año, a sus socios y personas afines, obsequiándoles "con un magnífico pavo navideño". Todo esto ocurría en plena crisis, a dos años de la suspensión de pagos.
El mismo año presentó su dimisión Francisco Berga,"que se despide para emprender una nueva singladura en los ámbitos financieros que, desde Palma, se proyectan en todas las gamas del mercado bursátil" (léase Brokerval). Berga, fue sustituido por el joven pobler Antoni Serra Serra, diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en Ciencias Económicas.
A nadie escapó que la dimisión de Berga se produjo ante las presiones externas que estaba recibiendo y la difícil situación económica que atravesaba la entidad.
Además de las desproporcionadas inversiones y los excesos en celebraciones, otros estudios realizados profundizan aún más sobre hechos y acciones que también empujaron a la Cooperativa Agrícola Poblense hacia el precipicio. Sastre y Gost afirman que "fuentes orales comentan que en los años 80 con el esplendor que aparentaba que brillaba, en la cooperativa, había un descontrol en el área administrativa de la que los propios payeses se aprovechaban: algunos socios pasaban dos o tres veces por las básculas con el mismo género, o a veces no hacía falta ir a descargarlo para obtener el albarán de entrega".
Una nueva etapa empieza con la llegada a la presidencia de Antoni Crespí Cantallops, Rua, tras elecciones celebradas en diciembre de 1982, mientras Guillem Caldés continuaba en la junta directiva. El 1985, nuevas elecciones situaban en la presidencia a Rafel Crespí Cladera, Xorric, que siguió en el cargo hasta 1989. Durante esta etapa, el 30 de diciembre de 1987, se produjo el cierre de la sección de crédito, privando a los titulares de libretas de ahorro y cuentas corrientes de la disponibilidad de sus depósitos, lo que provocó un clima de gran crispación social.
El 28 de febrero de 1989 se convocó una asamblea extraordinaria para tratar la salvación de la CAP, a la que asistió el entonces president Gabriel Cañellas. Se llegó a la solución de que la cooperativa fuera absorbida por la empresa pública Camp Mallorquí, bajo la intervención de Cristòfol Soler; operación que no funcionó, pues los payeses desviaron la comercialización de sus productos hacia otros portales que resultaron los grandes beneficiados. Mientras, Arthur Andersen llevaba a cabo una auditoría.
Otra intervención del Govern fue la de conceder a la entidad un aval de 400 millones de pesetas, en mayo de 1989. La Comunidad Autónoma debía controlar las actuaciones financieras con los créditos que avalaba, que, teóricamente, se concedían a Camp Mallorquí, aunque en la práctica estaban destinadas a reflotar la CAP".
A lo largo de aquel periodo, la crispación flotaba en el ambiente y los ánimos de los socios se iban encrespando, hasta pronunciarse con actos violentos contra el presidente el 2 de junio de 1989, y otros vandálicos, como el incendio de una nave de los viejos almacenes enajenados por la empresa acreedora Transportes Marítimos de Alcúdia. En mayo se prendió fuego a las puertas de la cochera de la casa del expresidente Toni Crespí, Rua, que acabó marchándose de sa Pobla para fijar su residencia en Inca.
A partir de julio, la situación se hace todavía más tensa; los acreedores piden la liquidación de la entidad al president Cañellas y mantienen una comisión de seguimiento de los apoderados que rigen los destinos de la entidad desde el mes de febrero y descubren documentación irregular por lo que piden responsabilidades al anterior gerente Paco Berga. Ante tan insostenible situación, la empresa se vio forzada a presentar suspensión de pagos en los juzgados de Incael 3 de octubre de aquel fatídico 1989 y que se haría oficial el día 20 del mismo mes.
El 22 de enero de 1990, ocupó el cargo de presidente Llorenç Mir Gost, Barraroig, con la fallida intención de gestionar el cobro de deudas. Según palabras de Mir, citadas en los estudios de Vanrell y Gost, éste manifestó que la CAP hubiera podido salvarse. "Tuve una entrevista con el president Cañellas, en el Consulado de Mar, en la que estuvieron presentes Rafael Serra y el abogado Serra de la Creu. Le expuse que pensaba que sería mejor que el Govern se hiciera cargo de la CAP, la saneara, se la quedara y la salvara. Pero me respondió con un no, sin exponerme los motivos".
A mediados de junio de 1990 se hizo pública la auditoría encargada por el Govern. La firma auditora expuso que se había encontrado en serias dificultades para estudiar la situación financiera y patrimonial de la entidad, las cuales "son indicativos de la incertidumbre existente sobre la capacidad de la cooperativa para continuar su actividad", decía el texto. Asimismo se desveló que directivos de la CAP se autoconcedieron créditos por valor de 107 millones de pesetas sin la aprobación de la junta rectora.
A principio de mayo de 1990, el gerente Antoni Serra presentó su dimisión irrevocable, dimisión que se negaron a aceptar los miembros de la junta rectora, "si no nos presenta antes el balance y memoria económica del 89, así como el balance del 90 hasta la actualidad".
1993, ¿final del conflicto?
Esta es la pregunta que se hace Sastre Vanrrell en su trabajo de investigación Tres años después de la entrada en suspensión de pagos, concretamente el 1 de junio de 1993, la junta liquidadora de la CAP y la empresa pública Semilla firmaron en el Ayuntamiento de sa Pobla la compraventa de la Cooperativa por importe de 918 millones de pesetas. Además, se confirmaba la recalificación de sa Vileta en Polígono Industrial. El importe de la operación fue destinado al pago de la deuda con los socios depositarios de la sección de crédito, "no se sabe si en su totalidad, dado el silencio que han guardado sobre tal interrogante las personas consultadas verbalmente", apunta Sastre.
Desde aquel momento, el escabroso caso de la CAP se fue diluyendo y "fue eliminado de los temas de conversación de los poblers, como si sintieran vergüenza hasta de su existencia", sentencia Biel Gost. Gost saca estas conclusiones: "La CAP fue el hilo conductor de la sociedad poblera del siglo XX. La entidad tuvo implicaciones económicas, políticas y sociales. Una muestra de ello es la interrelación entre la CAP y Convergència Poblera, o también con la revista local. La quiebra supuso un golpe muy duro para la población. Hubo múltiples causas que condujeron a la entidad a tal situación; desde una mala gestión de finales de los 70 y de la década de los 80, ya que se realizaron grandes inversiones en infraestructuras, como sa Vileta y Mercocap, se llevaron a término multitud de actos sociales y festivos y se financiaron actos electorales, entre otras cosas. Además podría añadirse el descontrol en el área administrativa, del que los mismos socios se aprovechaban. Además de la elevada deuda que se arrastraba, hubo una serie de campañas de exportación no demasiado buenas."
