El juzgado de instrucción número 3 de Manacor ha decidido archivar la causa contra el exdirector del CEIP Colònia de Sant Jordi, Fernando Alcántara Rivero y su esposa, Esperanza Rigo Salvá, al no hallar ningún delito contra sus actuaciones en este centro educativo de la localidad costera del municipio de ses Salines.
Cabe recordar que tres madres y algunos profesores del centro acusaban a Alcántara de falsificación de documento público, coacciones, amenazas y tráfico de influencias, por no dar de baja a alumnos que no acudían al centro, con el objetivo de poder contar con más personal docente, y que necesariamente esta circunstancia favoreciera invariablemente a su esposa, maestra interina, para poder trabajar en el centro escolar.
Según documentos a los que ha tenido acceso Diario de Mallorca, el fiscal del caso afirma que "no puede atribuirse en modo alguno de manera inequívoca los hechos, ya que ni había un sistema claro para dar de baja a los alumnos que se trasladaban a otra localidad ni tampoco que el sistema implicara al Director del Centro". Además, esas plazas de maestros que se adjudicaban al CEIP Colonia de Sant Jordi, podrían haber sido elegidas, antes que la propia esposa de Alcántara, por cientos de maestros funcionarios en comisión de servicio, y que tienen prioridad frente a los interinos.
Tres vías
En base a las consultas llevadas a cabo por este periódico, para dar de baja a un alumno, según la normativa actual existen tres casos: que haya la petición desde otro centro educativo; que un padre extranjero firme la baja para llevárselo a su país de origen, o excepcionalmente, que tras iniciar el protocolo de absentismo escolar, inspección educativa lo dé de baja. Esta última circunstancia, podría incluso contradecir a los profesores denunciantes, que deberían conocer la normativa, a no ser que se hiciera con otras intenciones, ya que el protocolo de absentismo lo tendrían que haber iniciado los propios tutores del centro, que tras la comunicación a la jefe de estudios, debería haberlo comunicado a los Servicios Sociales, y éstos a Protección de Menores si fuese el caso.
En el caso de que cualquier centro educativo hubiese dado de baja unilateralmente a un alumno del centro, sí hubiera cometido delito, tanto penal como administrativo. Por las circunstancias en las que se acusó a Alcántara, cientos de directores de Balears podrían haber sido denunciados en las mismas condiciones. Por tanto, Alcántara actuó siempre conforme a normativa.
Asimismo, la conselleria de Educación y Cultura del Govern balear renunció a través de sus servicios jurídicos al ejercicio de acciones civiles y penales, dado que atendiendo a sus informes, no existe perjuicio económico.
Las investigaciones comenzaron de una manera presuntamente irregular desde la policía municipal de ses Salines -en la pasada legislatura y con el pacto entre PP y Convergència en el poder-, sin competencias en el ámbito judicial para poder realizarlas, después de que una madre y el regidor de Educación acusaran a Alcántara de amenazas y coacciones en un consejo escolar en junio de 2013, y que tras una investigación por parte de Inspección educativa de la Conselleria se demostrase que no existieron tales circunstancias, sino una invasión de competencias por parte del regidor y la madre en las funciones pedagógicas del centro educativo.
El director del centro y su esposa, tras los rumores sobre una denuncia contra ellos se personaron en el cuartel de la Guardia Civil de Santanyí para pedir información al respecto. Pidieron poder declarar ante la juez por iniciativa propia con el convencimiento de que no tenían nada que esconder. Por tanto, no hubo detención, ni fueron esposados, ni durmieron en los calabozos, ni hubo fianza, ni se les retiró pasaporte alguno, como fuentes interesadas filtraron a la prensa, sino que junto a su abogado, Gaspar Oliver Servera, prestaron el 11 de marzo de 2014 declaración voluntaria ante la Policía judicial de Manacor.
Elevada presión
Ante estas circunstancias, y con la presión mediática por parte del ayuntamiento de ses Salines, tanto en plenos como realizando reuniones con dos maestras y tres padres de la directiva del AMPA, intuyendo Alcántara la intencionalidad de forzar su dimisión para poder influir en la Conselleria y nombrar un equipo directivo entre los maestros denunciantes, teniendo en cuenta además la coyuntura política negativa sobre la exconsellera deEducación, Joana Maria Camps, tras sus descalabros con los aferes Trepitja y Moma, y con su equipo de la Conselleria con los expediente a los directores de Menorca y Marratxí, dimitió. En primer lugar como representante de la Conselleria en el Consell Escolar de les Illes Balears, y después como director del centro, y se decidió iniciarle la incoación de un expediente administrativo por falta muy grave para demostrar que el equipo de la Conselleria actuaba con ecuanimidad, tanto si fuesen directores contrarios al TIL o de su propio partido, y de esta manera, frenar las críticas hacia el equipo de educación de la Conselleria de la cuestionada Joana Maria Camps.
Los hechos juzgados penalmente son los mismos que los administrativos, y por tanto la Conselleria de Educación y Cultura del nuevo Govern progresista tendrá que cerrar sin faltas el expediente a Alcántara.
