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Sóller

El alcalde reclama ahora a Simarro cinco tabletas pagadas con dinero público

Según Jaume Servera, los teléfonos y tablets "se utilizaron para hacer regalos de Navidad"

La polémica sobre los teléfonos móviles del ayuntamiento de Sóller arrecia. El alcalde Jaume Servera (Més) reclama ahora a su antecesor la devolución de cinco tablets que fueron adquiridas por el consistorio a finales del año pasado y de las que el primer edil afirmó desconocer su paradero.

Servera afirmó que la compra de estos terminales, de la misma marca que los teléfonos que reclama al anterior alcalde, fueron adquiridos por el ayuntamiento "al margen de los servicios técnicos" porque "ellos no tenían constancia oficial de esa compra". Para dar fiabilidad a sus palabras exhibió los contratos de compra de los terminales telefónicos y de las tablets en las que se menciona el concejal Gabriel Darder como el intermediario ante la empresa que subministró los equipos. Los contratos están firmados por el ex alcalde Simarro. De las tabletas digitales, el alcalde afirmó que "se están pagando 127 euros al mes de permanencia durante dos años".

Según explicó ayer Servera, los teléfonos y tabletas "se utilizaron para hacer regalos de Navidad", aunque no especificó a quien se dieron supuestamente estos regalos adquiridos con dinero público. En su opinión "el ayuntamiento no tiene por qué pagar la compra de los teléfonos y tabletas" por lo que se mostró convencido de llevar hasta sus últimos extremos el requerimiento contra el anterior alcalde. El primer edil dio un plazo de quince días a Simarro para que abonara 5.800 euros al ayuntamiento por la compra de los teléfonos (para cubrir lo que queda de permanencia). En caso de no hacerlo, anunció que embargaría las dietas y bienes a su antecesor para cubrir el dinero.

No obstante, otras fuentes consultadas ponen en duda que el alcalde tenga capacidad legal de exigir el pago de este dinero, mucho menos para embargar las cuentas o los emolumentos que Simarro percibe como concejal en el ayuntamiento de Sóller. Afirman que "no tiene sustento legal" porque el ayuntamiento "no tiene capacidad".

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