Herederos del Marqués de la Romana -una saga de alta alcurnia que se remonta al siglo XVIII- han notificado a los dueños de 125 propiedades de Calvià que todavía está en vigor sobre ellas el alodio (alou). Éste es un impuesto de época feudal que grava la operación de compraventa que hagan los propietarios actuales de esas viviendas construidas sobre antiguas tierras de la familia de nobles.
La notificación oficial se realiza para garantizarse estos derechos impositivos y evitar que se extingan. Ello se debe a la existencia de una ley autonómica de 2010, denominada de "constatación de censos y alodios y de extinción de los inactivos", que da un plazo de cinco años a los titulares de los alous para dejar constancia de estos derechos en el Registro de la Propiedad. Pasado este plazo, que acababa este año, ese gravamen expiraría.
La mencionada ley establece que, en la comunicación de esos antiguos derechos, deben constar las fincas gravadas con ese impuesto medieval, así como los documentos que acrediten que el que detenta el alodio ha informado a los actuales propietarios de que su finca está gravada por esta carga.
En el caso de Calvià, hay 125 fincas sobre las que reclaman esos derechos los herederos del Marqués de la Romana. En este sentido, cabe recordar que, a mediados del siglo XIX, este noble poseía casi todo Bendinat y Peguera (de hecho, hoy en día, en esta última localidad hay una playa llamada la Romana).
Ciudadanos extranjeros
La mayoría de vecinos a los que se ha realizado la notificación son ciudadanos extranjeros, sobre todo alemanes y británicos. En el listado, también se encuentran algunos propietarios mallorquines, a quienes se da por informados de la existencia de esta carga impositiva de época medieval.
Conflictos judiciales
El tema de los alous ha sido objeto en las últimas décadas de debates políticos y jurídicos. La propia ley de 2010 de constatación de censos y alodios reconoce en su preámbulo que existe un "estado de opinión generalizado que ve con desfavor estos derechos". Hace dos años, trascendió a la opinión pública el caso de un matrimonio mallorquín que había ganado el juicio contra una marquesa que quería cobrarles 1.800 euros por una operación de compraventa de su vivienda.
