El Ayuntamiento de Inca reclama a la UTE Hospital de Inca -formada por Dragados y Melchor Mascaró SA- el pago de 188.063 euros como parte no satisfecha del Impuesto sobre Construcciones (ICO). Esta cantidad corresponde a un sobreprecio de las obras detectado por el Ayuntamiento en una inspección efectuada en septiembre del año pasado.
La UTE satisfizo el pago de la liquidación provisional del impuesto, por un importe de 775.938 euros. Esta liquidación se efectúa sobre el presupuesto de las obras. Posteriormente, después de acabar la construcción, se elabora una liquidación definitiva que se satisface al recibir el certificado de final de obras. La UTE Hospital de Inca pagó en ese período 264.983 euros más. Esa cantidad se calculó a partir de la diferencia existente entre el presupuesto del proyecto y el definitivo; es decir sobre 8.832.767 euros.
En ese momento la empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la liquidación definitiva por considerar que se le debía aplicar una bonificación al ser "una obra de utilidad pública".
Sin embargo, el juez desestimó la petición puesto que para que tuviera la consideración de obra de utilidad pública debería haber sido declarada así de manera previa por el pleno de la corporación, "algo que no concurrió", explicaron ayer los servicios técnicos municipales.
Sentencia firme
El juzgado dictó que la liquidación se ajustaba a derecho, la sentencia adquirió firmeza porque la empresa no recurrió y la pagó.
Y precisamente es ese acto el que alega ahora la UTE Hospital de Inca para oponerse al pago de los 188.063 euros adicionales que se le reclaman. En concreto se acoge a que la Ley Reguladora de Haciendas Locales dispone que "no serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme". La firma ha interpuesto un recurso administrativo ante el Ayuntamiento alegando que se trata de "cosa juzgada".
El Ayuntamiento emitirá en breve un decreto denegando el recurso. El razonamiento municipal indica que se juzgó una liquidación definitiva, elaborada sobre un presupuesto, por disconformidad de la empresa; es decir, a instancias de la parte que alega ahora ese mismo acto.
Sin embargo, los servicios jurídicos municipales indican que el Ayuntamiento es competente para efectuar una inspección acerca de la veracidad de los costes de la obra. Esa inspección se efectúa recopilando todos los recibos y facturas satisfechos por la entidad a causa de la obra. Un portavoz del servicio jurídico municipal sostiene que "aquí ocurre que la empresa ocultaba información de que el coste real de las obras es muy superior al que determina el presupuesto final. Se podría entender que es cosa juzgada la liquidación definitiva sobre el proyecto y que no podría ser revisada en base a esa misma documentación, pero no si en una inspección posterior, en la que es competente el Ayuntamiento, se detecta una documentación que ha sido ocultada con la presunta intención de defraudar el pago de parte del impuesto".
Propiedad
Otra de las alegaciones de la empresa es que la licencia de obras fue solicitada por el Ib-Salut y no por la UTE, "por lo que no puede ser considerada dueña de la obra", reza el recurso. No obstante, fuentes próximas indican que el contrato de construcción entre Ib-Salut y la empresa indicaba que ésta última debía hacerse cargo del pago de los impuestos pertinentes.
