El exalcalde del Ayuntamiento de Sóller, y actual jefe de la oposición de este municipio, ha sido citado como imputado por el juez para que se defienda de la acusación de prevaricación administrativa y coacciones que le imputa un hotelero del Port. Acusación que se formula en la querella criminal que ha sido aceptada a trámite por el juez Miquel Florit, del juzgado de instrucción número 6 de Palma, al apreciar que existen indicios de delitos. La querella la ha presentado el letrado Miquel Borrás, en representación del empresario Cristóbal Rosselló, propietario del hotel Edén Nord. La declaración se producirá el próximo jueves día 9.
Todo el caso se centra en la decisión que adoptó el entonces alcalde, a petición de la empresa Aqualia, de ordenar la clausura del sistema de alcantarillado del hotel Edén Nord. La empresa que gestiona en régimen de monopolio el suministro de agua y alcantarillado en el municipio de Sóller, y mientras se encontraba en plena negociación con la empresa por el pago de una deuda antigua (contraída por un expropietario), el alcalde tomó esta decisión, sin esperar a que ambas partes llegaran a un acuerdo económico.
Coacción
Una decisión municipal que el hotelero interpreta que se trataba de una forma de coaccionarle para que aceptara las condiciones que le imponía la otra parte, abonando la deuda pendiente. Carlos Simarro ordenó esta clausura cuando el hotel se encontraba en pleno rendimiento y la mayoría de habitaciones estaban ocupadas por clientes.
Con el cierre del sistema de evacuación de residuos, el hotel se hubiera visto obligado a proceder al desalojo de todos los turistas. Sin embargo, esta decisión no se produjo porque un juez ordenó la inmediata paralización de la orden, al entender que no se ajustaba a la legalidad.
A pesar de que la empresa que gestiona el alcantarillado en el municipio de Sóller (con el apoyo del propio Ayuntamiento), recurrió la decisión del juez, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón al magistrado y ratificó su determinación de paralizar el bloqueo del sistema de alcantarillado.
Antes de que el alcalde Simarro tomara esta drástica decisión, la concesionaria ya había acordado cortar el suministro de agua del hotel. La razón era que el antiguo propietario no pagaba las facturas. Cristóbal Rosselló, al adquirir el establecimiento, intentó pagar la deuda, que rondaba los 50.000 euros. Sin embargo, la empresa no solo pedía el pago de las facturas pendientes, sino que también se abonara el reenganche a la red, exigiendo unos 50.000 euros adicionales. El hotelero consideró que esta factura para volver a utilizar la red de suministro era desproporcionada e inicialmente rechazó esta exigencia.
Sin embargo, mientras las partes estaban negociando e intentando llegar a un acuerdo, el alcalde aceptó la propuesta de firmar el decreto municipal ordenando el cierre del sistema de evacuación de aguas residuales. El perjudicado por esta decisión, que apenas tuvo efecto porque fue anulada inmediatamente por el juez, considera que el alcalde Simarro adoptó una medida ilegal, porque las normas municipales prohíben expresamente que se determine el cierre de este tipo de servicio. Aun así, Simarro firmó el decreto.
