Dos agentes de la Policía Local de Artá se han querellado contra su superior, Jeroni Mestre, el alcalde de la localidad, Bartomeu Gili, y una psicóloga por retirarles sus armas de fuego de manera irregular. Un juzgado de Manacor ha citado a los tres querellados, en calidad de imputados, para el próximo 2 de junio.
Los hechos objeto de querella se remontan a abril del año pasado, cuando el Ayuntamiento de Artá contrató una psicóloga externa para que evaluara la capacidad de los agentes de la Policía Local para portar armas.
Los policías fueron convocados en dos días para pasar unos test escritos y mantener una entrevista personal con la psicóloga. Los dos querellantes, defendidos por el letrado Francisco Pérez, no pasaron esas pruebas por hallarse libres de servicio o de vacaciones.
La querella mantiene que, sin embargo, la examinadora emitió unos informes donde se consideraba a los dos policías no actos para prestar servicio con armas, a pesar de que no les había practicado las pruebas.
El jefe de la Policía, añade la denuncia, sabía que los dos afectados no habían acudido a los test ni a la entrevista, pese a lo cual "emitió un informe favorable a la retirada de las armas". El alcalde ratificó esa medida mediante un decreto emitido el 26 de junio del 2014.
Ambos funcionarios, pese a sus protestas y reclamaciones, tuvieron que cumplir todos los servicios ese verano sin pistola ni spray defensivo, lo que, según su abogado, les causó una gran indefensión.
Nuevo decreto
El ayuntamiento artanenc, en vista de las reclamaciones de los denunciantes, decidió rectificar y el 28 de agosto del año pasado emitió un segundo decreto dejando sin efecto el primero y conminando a la psicóloga a practicar a los dos agentes las pruebas oportunas. La querella afirma que "a día de hoy" los dos querellantes no han sido examinados por técnico alguno.
La querella imputa a la psicóloga un delito de falsedad en documento público o, alternativamente, otro delito de falso testimonio y al alcalde, Bartomeu Gili (PI) y al jefe de la Policía Local, sendos delitos de prevaricación y contra la seguridad de los trabajadores.
