El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Palma ha desestimado el recurso interpuesto por Guillem Mesquida, contra unas resoluciones de alcaldía de 26 de septiembre y 30 de octubre de 2013, dictadas por el ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, en virtud de las cuales se excluyó al recurrente de la posibilidad de ejercer el derecho de participación a un proceso selectivo concurso-oposición para proveer una plaza de inspector de la Policía Local por el sistema de promoción interna y externa, confirmando las resoluciones en todos sus extremos y declarándolas ajustadas a derecho. No se imponen costas y Mesquida puede interponer recurso de apelación en el plazo de quince días siguientes a su notificación.

El equipo de gobierno municipal, integrado por los partidos Grup Independent de Son Carrió (GISCa), PSOE, AGIN y PSM, comandado por el alcalde Mateu Puigròs (GISCa), defiende su actuación: "Se le denegó la posibilidad de presentarse al concurso-oposición por no reunir todos los requisitos previstos en la ley autonómica, así como ha quedado reflejado en la sentencia judicial".

Final de mandato movido

En esta parte final de legislatura 2011-15 hay que explicar que Puigròs se ve envuelto en varios casos. Además de Mesquida, una empresa que aspiraba a explotar el tren turístico de Cala Millor-sa Coma-s'Illot también ha recurrido a la Justicia. El PP también ve presuntos delitos en un plus de productividad de 8.000 euros abonado anualmente desde 2010 al inspector policial, Guillem Mascaró, para la implantación del complejo programa informático Eurocop, conveniado con la conselleria de Interior para la comunicación interna entre diferentes cuerpos de seguridad y que está activo pero aún no al 100%. Por esta causa, Puigròs [que aún no desvela si optará de nuevo a la alcaldía en las elecciones de mayo] deberá declarar el próximo 10 de marzo en el juzgado nº3 de Manacor. La gran remodelación de la Sala Rigalt y las pistas de pádel, otros frentes abiertos.