El proyecto de reforma del Teatre Principal de Inca, actualmente paralizado y sin fecha para la reanudación de las obras, podría ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento 'inquer' anunció ayer su intención de presentar toda la documentación a la Fiscalía por las "sospechas" existentes sobre "presuntas irregularidades" en el proceso que ha desembocado en la decisión municipal de rescindir el contrato a la adjudicataria, la UTE formada por Dragados y Coexa.

El PSOE explicó ayer que presentará toda la documentación sobre la licitación y la adjudicación del proyecto, los informes técnicos emitidos hasta la fecha y las actas de las juntas del patronato, con la intención de "esclarecer cualquier irregularidad existente".

El portavoz socialista, Xavier Ramis, y el candidato a la alcaldía, Virgilio Moreno, explicaron ayer que la decisión fue tomada tras la "esperpéntica reunión" de patronato celebrada ayer en el Ayuntamiento, en la que se trató el inicio del expediente de resolución del contrato con la adjudicataria y se decidió encargar un informe técnico urbanístico y otro jurídico para determinar sobre quien recaen las responsabilidades del retraso acumulado en la obra y en qué medida podrán reclamarse daños y perjuicios a la UTE constructora, entre otros aspectos.

"Gran irresponsabilidad"

Los socialistas afirmaron que su decisión de entregar a la Fiscalía toda la documentación relativa al teatro tiene el objetivo de "no repetir otros casos como los del Mercat Cobert o la Plaça Mallorca, en los que se ha producido indefensión por parte del Ayuntamiento" y culparon al alcalde Rafel Torres (PP) de "gran irresponsabilidad política" por haber perdido los 2,4 millones de euros (finalmente, 1,4) correspondientes a la subvención de los fondos Feder, un dinero imprescindible para financiar las obras.

El PSOE criticó que en la reunión de ayer estaba prevista la aprobación de un punto en el que, además de rescindir el contrato con la adjudicataria, se tenía intención de prescindir del equipo técnico director de las obras, que "son quienes conocen el proyecto y tienen que defenderlo".

Entre las principales irregularidades detectadas por los socialistas, figura la concesión de la licencia de obras "con el informe negativo del arquitecto, ya que el proyecto tenía numerosas deficiencias".

Además, los ediles del PSOE consideran que el alcalde podría haber incurrido en prevaricación al incumplir el pliego de condiciones en lo referente a las posibles penalizaciones que podrían aplicarse a la empresa constructora como consecuencia del retraso acumulado en las obras y de la suspensión de los trabajos por decisión unilateral de la adjudicataria del proyecto de reforma. También critican la reclamación de doce meses más de plazo por parte de la UTE para finalizar la reforma, "cuando en un principio se había comprometido a ejecutar todo el proyecto en diez meses". Esta y otras cuestiones llevan al PSOE a sospechar que la UTE "presentó una oferta falsa para ganar el concurso".

Según los socialistas, el ayuntamiento de Inca "debe reclamar indemnizaciones a la adjudicataria por la vía que resulte más beneficiosa para la ciudad, ya sea la penal, la administrativa o la contenciosa".

El PSOE solicitó en la reunión de ayer que se elabore un informe para determinar posibles responsabilidades políticas en el proceso de reforma, aunque la propuesta no fue aceptada.