Aguas de Marratxí, que suministra agua potable a buena parte de ese municipio desde hace 25 años, se ha querellado, por presunta prevaricación y negociaciones prohibidas, contra el alcalde, Tomeu Oliver, y el regidor de Vías y Obras, Sebastià Frau, a los que acusa de quererle arruinar económicamente para dar su negocio a FACSA, una empresa valenciana vinculada a la trama Gürtel. La sociedad querellante afirma disponer de grabaciones donde se escucharía a Frau ofrecerse como mediador entre ella y FACSA de cara a la compraventa.

El juzgado de instrucción 3 de Palma ha abierto diligencias a raíz de la querella y está a la espera de la práctica de interrogatorios y otras pesquisas.

Aguas Término de Marratxí sostiene que pactó con el anterior alcalde, y hoy president del Govern balear, José Ramón Bauzá, el mantener congeladas las tarifas de agua que se cobran a unos 30.000 vecinos de la localidad.

Los precios se fijaron en 2008 y el acuerdo con Bauzá se extendería desde 2009 a 2011. Después se prorrogó la no subida un año más, 2012, tras hablarlo con el actual alcalde, Tomeu Oliver. La medida se incluyó dentro de la política de no incremento de impuestos y tasas del PP de Marratxí.

Las relaciones entre concesionaria y consistorio eran excelentes, hasta que el buen clima se truncó por una doble razón: la negativa municipal a actualizar (subir) las tarifas del agua para 2013 y el contencioso por las pérdidas generadas a la empresa a raíz de los serios problemas en la red de suministro de Sant Marçal.

La querella mantiene que Aguas de Marratxí mantuvo numerosas reuniones con Oliver y Frau para, primero, consensuar la subida de precios del 2013 y, segundo, buscar un acuerdo para arreglar las pérdidas de miles de litros de Sant Marçal debido a un defecto en las tuberías instaladas. La solución propuesta era que las reparaciones se costeasen entre la Administración, la concesionaria y la constructora que diseñó la red, Melchor Mascaró.

La querella acusa al alcalde y al edil de oponerse a ese acuerdo y provocar a Aguas Término de Marratxí unas pérdidas de casi un millón de euros por el líquido desperdiciado y la sobrecarga de las bombas.

Los querellantes afirman que la mayoría del PP en el Ayuntamiento acordó aprobar las nuevas tarifas, pero no llegó a convocar ni tan siquiera el pleno para debatir el tema.

En las reuniones grabadas, los políticos habrían reconocido que su intención era estrangular económicamente a los propietarios de la concesionaria para forzarle a vender su empresa a FACSA, que desde 2010 suministra agua a otra parte del municipio. También se atribuye al alcalde el dar un trato de favor a la empresa valenciana, a la que, contraviniendo el pliego de condiciones del concurso, ha permitido subir en dos ocasiones los precios.

Aguas de Marratxí afirma haber recibido amenazas de los querellados de retirarle la concesión si no se plegaba a la venta a la compañía valenciana. El delito de negociaciones prohibidas se atribuye especialmente a Sebastià Frau, dado que "en su condición de concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento no es la persona adecuada para intermediar en la compraventa de una empresa concesionaria del servicio de agua potable del municipio donde ostenta el cargo".

A los dos querellados se les imputa un delito de prevaricación por omisión, al no convocar el pleno para debatir la actualización de las tarifas del agua, lo que estaría causando cientos de miles de euros de pérdidas a los querellantes.

La empresa mallorquina acusa a los dos ediles de Marratxí de tener un "comportamiento mafioso". "Primero favorecen a FACSA permitiendo una revisión tarifaria que expresamente impedía la propia concesión, para con posterioridad, sin rubor alguno, indicar la conveniencia de venta a esa misma concesionaria, o, si no y como consecuencia del desequilibrio económico causado por los querellados, proceder al rescate de la concesión y después se ofrecen a intermediar en la venta".