El ayuntamiento de Calvià ha actuado con contundencia contra la empresa que, según las investigaciones municipales, organizó la excursión etílica (´Pub crawling´) que culminó con el famoso video en el que aparecía una joven practicando una felación a un grupo de turistas y también contra el local de ocio en el que, según el Consistorio, tuvo lugar la escena. La institución municipal comunicó en la tarde del pasado jueves al propietario del establecimiento donde se grabó el video, llamado Playhouse y ubicado en la calle Martín Ros García de Magaluf, próxima a Punta Ballena, y a los responsables de la empresa Carnage Magaluf, organizadora del acto, que se les impondrá una sanción de doce meses de cierre del local y de la actividad y una multa de 55.000 euros de la que ambos deberán responder solidariamente.

El Ayuntamiento aseguró ayer que, "tras una pormenorizada investigación de la Policía Local de Calvià", se ha determinado que fue dentro del citado local donde se practicó la felación grabada en un video que se difundió rápidamente a través de las redes sociales. Al parecer, los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de junio, aunque no fue hasta principios de julio cuando la grabación empezó a divulgarse generando un escándalo que traspasó las fronteras de la isla.

Las investigaciones apuntan a que la empresa Carnage Magaluf "es responsable" de organizar y promover la actividad desarrollada durante la excursión etílica en la que "se cometió la ilegalidad", por lo que deberá estar doce meses sin organizar ninguna actividad cuando la resolución sea firme, ya que ambas empresas tienen un plazo de quince días para presentar alegaciones o pruebas.

Infracción "muy grave"

El expediente sancionador que se ha abierto tanto al local de ocio como a la empresa organizadora del ´pub crawling´ considera que "se ha cometido una infracción muy grave" del artículo 104.7 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades en las Illes Balears "al permitir la realización de una actividad prohibida por la Ley". Además, también se habrían vulnerados varios artículos de la Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de atención de los derechos de la infancia y la adolescencia de Balears.

El ayuntamiento ´calvianer´ basa la sanción en una presunta vulneración de los derechos de los menores, una estrategia que la representación legal de la empresa afectada señaló ayer como errónea debido a la falta de pruebas que impliquen a menores de edad en el escándalo.

En concreto, el artículo 42.1 de esta última ley dispone que "queda prohibida la venta, alquiler, exhibición y ofrecimiento a personas menores de edad de publicaciones, videos, videojuegos u otro material audiovisual de contenido pornográfico", así como su "emisión o proyección en locales o espectáculos a los que esté permitida la asistencia de personas menores de edad y su difusión por cualquier medio entre personas menores de edad".

La Ley 7/2013 establece una serie de prohibiciones a la presencia de menores de 16 años en actividades recreativas musicales como salas de fiesta, salas de baile o discotecas y obliga a las empresas de ocio a "cumplir todas las disposiciones que sean de aplicación en materia de protección de menores" y a "aplicar medidas objetivas" para cumplir las prescripciones. Asimismo, los promotores de espectáculos públicos y recreativos "son responsables solidarios cuando, por acción u omisión, toleren la comisión de infracciones por parte del público o los usuarios".

El Consistorio recordó ayer que cuando apareció el famoso video de contenido sexual en los medios, el alcalde Manuel Onieva (PP) mostró "su más absoluto rechazo a este tipo de prácticas" y ordenó una investigación "en profundidad" para determinar en qué local se habían producido los hechos. Fruto de estas indagaciones, que han concluido "en las últimas horas", se han adoptado "de manera rápida y contundente" las citadas medidas.