Simonet afirmó ayer que, tras haberse desestimado el recurso contra la sentencia, han mantenido negociaciones con la familia denunciante para alcanzar un acuerdo que satisfaga a las dos partes a la hora de dar cumplimiento a la orden judicial.

En primer lugar, el Consistorio de Alaró les presentará el proyecto de sellado del vertedero, y después se abonará la indemnización fijada por el juez, que asciende a 80.000 euros.

El alcalde asegura que, además, ha accedido a dos peticiones de este vecino: asfaltar el camino del Puig -con un coste de 17.000 euros-, y derribar los restos de la antigua cementera situada junto al vial y que, según el denunciante, presenta riesgo de derrumbe.

Sobre este acuerdo con la familia, el portavoz del PSM, Mateu Marcús, se mostró ayer muy crítico y afirmó que "solo sirve para tener contentos a los denunciantes y que no vuelvan al juzgado a exigir la regeneración de la finca, o sea que es para que el PP se salve de momento y el problema sea para el pueblo y para el próximo alcalde que entre".

Precaución

El PSM considera además que lo primero que tiene que hacer Simonet es "ir al juez y presentarle el proyecto de sellado para ver si lo aprueba, porque puede pasar que nos gastemos un millón de euros y después nos diga que lo que hay que hacer es el proyecto de doce millones, o sea, extraer toda la basura y rellenar con tierra". Marcús afirma que esta solución del PP "deja a Alaró en situación de inseguridad jurídica para el futuro".

La frase

"Gastar doce millones en regenerar el vertedero es inasumible para las arcas del Ayuntamiento de Alaró; no tenemos ese dinero ni por asomo; el presupuesto anual para todo el municipio es sólo de cuatro millones".

Joan Simonet

Alcalde de Alaró