El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado al Ayuntamiento de Alcúdia a remunerar el 5 por ciento del salario que se redujo a los empleados de la Empresa Municipal de Servicios (Emsa) así como los atrasos pertinentes. La suma que el consistorio deberá desembolsar supone unos 450.000 euros, según fuentes municipales.

Este asunto se remonta a hace unos años. El entonces alcalde, Miquel Llompart, que formaba parte de CxI aunque actualmente milita en el Pi, redujo el sueldo a los empleados un 5% cumpliendo con la orden del gobierno que presidía el socialista Jose Luís Rodríguez Zapatero. Los empleados de la empresa municipal interpusieron un pleito contra la resolución de alcaldía que perdieron en primera instancia. Sin embargo, decidieron recurrir al TSJB que finalmente les ha dado la razón.

Los jueces estiman que los operarios de la empresa municipal no son funcionarios de la Administración y que por ellos no podía aplicárseles la reducción de sueldos ordenada para los funcionarios.

El problema de esta sentencia para el Ayuntamiento de Alcúdia es que no se ha presupuestado la cantidad a devolver a los operarios. Si se ha de hacer efectivo el pago la empresa finalizará el ejercicio con pérdidas, lo cual la haría inviable. La entidad da trabajo a unas 60 personas.

Sentencia firme

Joan González, concejal de Hacienda, explica que "la sentencia es firme y de obligado cumplimiento por lo que no queda otra que pagar. Evidentemente eso nos trastoca el presupuesto totalmente".

Para evitar que el ejercicio acabe en números rojos, el Ayuntamiento está llevando a cabo una negociación con los representantes sindicales de los trabajadores. Fuentes de dicho colectivo manifiestan que hay algunas propuestas sobre la mesa como la de aplazar los pagos de forma fraccionada para que sean asumibles. Las mismas fuentes señalan que la sentencia es de obligado cumplimiento pero los jueces no se oponen a que se llegue a un acuerdo entre las partes.

Miquel Llompart, ex-alcalde de Alcúdia, sostiene que "lo que es incomprensible es que el Ayuntamiento no haya hecho una previsión económica ante la posibilidad de tener que afrontar este pago". El actual edil del Pi, en la oposición, asegura que "si una corporación pública sabe que se encuentra en pleito con un colectivo que le reclama una cantidad de dinero lo prudente es consignar una reserva porque si es condenada no podrá afrontar el pago, a menos que intencionadamente sea lo que le interese".

Llompart apunta que "la mayoría municipal está muy interesada en privatizar algunos servicios que actualmente lleva a cabo mediante la empresa pública. Por ejemplo se ha sacado el nuevo concurso de la basura y lo licita el Ayuntamiento y no Emsa". Según el edil "todo llega a saberse y se les ha dicho a algunos empleados que aunque renuncien a su indemnización no se comprometen a mantener el ente". Este diario intentó ayer infructuosamente recabar la opinión de la alcaldesa, Coloma Terrassa (PP).