Repartir publicidad dinámica por las calles del municipio de Llucmajor ya no saldrá gratis. El Ayuntamiento aprobó ayer una modificación de la ordenanza fiscal reguladora que pone precio, a partir de los próximos meses, al reparto de propaganda puerta a puerta. En concreto, el consistorio cobrará una tasa de 34 euros anuales a cada una de las empresas que quiera desarrollar este sistema para darse a conocer, a lo que habrá que sumar otros doce euros extra por el carné obligatorio para cada uno de sus repartidores.

El alcalde Joan Jaume (PP), niega que se trate de una medida recaudatoria, sino reguladora y justa: "creemos que los técnicos municipales que tramitan los permisos realizan un trabajo que conlleva tiempo, y que hay que pagar por ello. Además, estas tasas ayudarán también a pagar en parte el servicio de limpieza derivado de esa publicidad y su esparcimiento por las calles".

La regidora de Comercio, Magdalena Durhao, señala que la medida, pese a ser novedosa en Llucmajor (donde hasta ahora existía un control pero no un cobro), "está vigente ya en otros municipios y con precios más caros, nuestros técnicos solo han tratado de adaptarse a lo marcado también por el Govern".

Al tratarse de una aprobación inicial, ahora deberá pasar un plazo de alegaciones de 30 días. De no haber ninguna, pasaría a publicarse en el BOIB y la medida será efectiva, con lo que no habría que esperar hasta el próximo enero. Dentro de la misma normativa, el equipo de gobierno también sacó adelante la propuesta para prohibir la difusión de publicidad sobre las playas del municipio.

Máximo dos pizarras

Asimismo, y para acabar de definir la cuestión publicitaria, el consistorio también pondrá coto a las pizarras de bares y restaurantes que ocupen la vía pública. De esta forma el ayuntamiento de Llucamjor limitará a dos el número máximo de reclamos exteriores sobre calles o plazas, anunciando platos del día o cualquier tipo de servicio del establecimiento. "Si un local tuviera más o de las medidas inadecuadas, las pizarras serían simplemente retiradas", confirma el alcalde.

Y es que la modificación a la ordenanza, esta vez no contempla ni tasas por ocupación de la vía pública, ni sanciones económicas más allá de la prohibición o no autorización del letrero. Eso sí, los carteles deberán ceñirse a unos centímetros estipulados y en ningún caso podrán entorpecer el paso de los peatones ni suponer una barrera arquitectónica. Así, los dueños de los establecimiento no podrán colocar pizarras de más de 60 centímetros de ancho ni de más de 120 centímetros de alto. "Por el momento no se trata de hacer pagar, sino de ordenar esta clase de publicidad".