La sala de plenos del ayuntamiento de Inca se quedó pequeña ante la gran cantidad de gente interesada en seguir el pleno que, en principio, debía aprobar la privatización del servicio de agua para los próximos 30 años. Sin embargo, lo que en un principio era un ambiente hostil para el equipo de gobierno del PP, con varias pancartas contra el "negocio" de la privatización del agua, fue suavizándose a medida que avanzaba la sesión y aumentaban las posibilidades de que los populares dieran marcha atrás. Se produjeron momentos de tensión cuando el alcalde ordenó la expulsión de la sala de una persona que le había acusado de "mentir", aunque finalmente no llegó a producirse. Al confirmarse el cambio de rumbo, el público despidió a todos los ediles con un aplauso generalizado.