21 de diciembre de 2013
21.12.2013
Manacor

Los empresarios de la zona verde culpan a Pastor de engañarles

En una reunión que tuvo lugar ayer criticaron al alcalde por haberles hecho creer que podrían construir en los terrenos de la Torre Florida

21.12.2013 | 06:30
La polémica zona de la Torre Florida.
Los empresarios que en octubre de 2009 compraron una zona verde entre el barrio del Serralt y el futuro centro internacional de tenis Rafel Nadal, y por los que ahora el Jurado Provincial de Expropiación obliga al ayuntamiento de Manacor a pagar 14,7 millones de euros, criticaron ayer al alcalde Antoni Pastor por no haber podido edificar la zona como estaba reflejado en la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Desde las diez de la mañana hasta pasadas las doce del mediodía de ayer, los empresarios y el primer edil se reunieron para intentar resolver el tema. Maria Mascaró, Jaime Lliteras Llull, Francisco Suasi y el padre del tenista, Sebastià Nadal, cruzaron palabras críticas con Pastor, quien no quiere que la decisión del Jurado perjudique a las arcas municipales y deje la economía local en situación precaria y sin inversión durante años.

Junto a ellos se sentaron los portavoces de los distintos grupos con representación, el arquitecto Pere Serra y un abogado contratado por los inversores. Según lo que ha trascendido de la reunión, los cuatro (a través de sus respectivas empresas) ya habían llegado a un preacuerdo con el consistorio manacorí dos años antes de la compra efectiva (en un documento no firmado), para poder edificar en el solar que tenían apalabrado con los anteriores dueños. De hecho la zona figuraba como urbanizable en la aprobación inicial del Plan General frustrado, que es a lo que se aferran los empresarios para no negociar, por el momento, una rebaja de los 14,7 millones y pedir de manera velada la construcción.
Según los inversores, lo que querían al comprar parte de la zona por 1,8 millones, era poder edificar en ella. Pero la falta de PGOU hizo que pidieran la expropiación forzosa como zona verde, cosa a la que no puede negarse el Ayuntamiento. Pero el entuerto se complicó hace solo dos semanas, cuando el Jurado Provincial de Expropiación cambió la valoración inicial de los terrenos de 82.500 euros en 2012, a 14,7 millones en 2013, sin que entre medias haya habido ni un cambio en sus miembros ni variación en las normas urbanísticas locales.

Ahora la partida de ping-pong está en un punto muerto de difícil solución administrativa. Para no pagar la cantidad acordada por el Jurado, el ayuntamiento de Manacor deberá presentar un contencioso administrativo antes de un mes y medio. La misma jugada que ya hicieron los propietarios hace meses al no estar de acuerdo tampoco con otra resolución del mismo órgano, que en este caso valoró en 141.000 euros otra zona verde por la que ellos reclaman 41 millones de euros.

Un rompecabezas de encaje complicado que mantiene preocupado al Consistorio (que no quiere pagar tal cantidad) y a los empresarios, que no renuncian al dinero de la expropiación al no haber podido construir.

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