El alcalde de Inca, Rafel Torres (PP), se reunió ayer por la mañana con los regidores de la oposición -formada por PSIB-PSOE, Independents y Més-, después de que estos pusiesen fin al encierro que protagonizaron dentro de la sede consistorial en contra de la decisión del equipo de gobierno de privatizar la gestión del agua de la localidad.

Del encuentro, salió el compromiso del alcalde de que los técnicos municipales volverán a evaluar las alternativas presentadas por la oposición para conseguir fondos con los que financiar la remodelación del Teatre Principal y la reforma de la red de abastecimiento.

Gestió d´Aigües

Cabe recordar que el Ayuntamiento pretende sufragar estas dos actuaciones mediante la privatización de la gestión del agua, cuyo servicio está previsto que asuma la compañía Gestió d´Aigües d´Inca SLU. El pleno que tenía que corroborar esta decisión estaba previsto que se celebrase ayer, pero se ha aplazado hasta la semana que viene por un defecto de forma.

Otras alternativas

Pese al compromiso de que los técnicos del Consistorio volverán a estudiar esas alternativas de financiación, fuentes municipales quisieron remarcar ayer que en los últimos meses el equipo de gobierno ha explorado todas las posibilidades para no tener que recurrir a la privatización.

Sin embargo, agregan estas fuentes, ninguna de las opciones planteadas se revelaban posibles desde el punto de vista normativo. Así, el Ayuntamiento recuerda que las directrices económicas marcadas por el Gobierno de Mariano Rajoy constriñen el margen de maniobra de las administraciones municipales, impidiendo, por ejemplo, dedicar el superávit a inversiones y limitando la capacidad de endeudamiento.

Además, desde el Consistorio, se pone especial énfasis en que, si se alargan los plazos del proceso, existe el riesgo de que Inca pierda unos fondos europeos que son vitales para acometer las obras que quiere realizar el Ayuntamiento.

La oposición, mientras tanto, considera que el equipo de gobierno popular no puede "hipotecar" a Inca durante los próximos 30 años aprobando la privatización del servicio, motivo por el cual piden la paralización del expediente.