Se requerían informes sobre la conducta del maestro al alcalde del pueblo en cuestión, el párroco, al comandante del puesto local de la Guardia Civil y un padre de una familia de "reconocida e intachable reputación". Se trataba de informes que no valoraban su capacidad como maestro sino sus ideas políticas, su forma de vestir o incluso si asistían o no a los servicios religiosos. Unos 150 docentes sufrieron los castigos de la Comisión depuradora, pero otros ya no llegaron al momento del expediente, ya que fueron asesinados antes. Como el caso de Fernando Leal, inspector de enseñanza que asistió como representante de la Administración a la inauguración de la escuela graduada de Alaró en abril de 1934, y que fue ejecutado en la carretera de Sóller el 27 de agosto de 1936. O el catedrático del Instituto Balear Docmael López, o José María Olmos, profesor de la Escuela Normal, o José María Erayalar, o Luis Ferbal, o Jaume Serra Cardell, maestro nacido en sa Pobla. Pelotones de fanáticos se encargaron durante los primeros días de dar ´el paseíllo´ a estos docentes. Un recodo de carretera o un cruce de caminos fueron lugares donde dejaron sus vidas.
