El Grupo Popular en el Consell de Mallorca hizo valer ayer su mayoría para desestimar una moción presentada por los socialistas y apoyada por Més en la que reclamaban que se iniciase un "incidente de nulidad" del auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares del 23 de julio que acepta los terrenos de Muleta II (en la localidad de Sóller) como urbanos, por considerar que se basa en un informe pericial que contiene "graves errores".

Los socialistas calificaron la urbanización de un "grave precedente" de desprotección del territorio y exigieron a la institución insular que tome medidas para evitar que se lleve a efecto.

La consellera socialista Mercedes Garrido incidió en la idea de que el informe pericial en el que basó su decisión el TSJIB avala los servicios disponibles en Muleta II, cuando, en verdad, no son "ni suficientes ni plenamente funcionales". Desde el Grupo de Més, Jaume Font arremetió contra la Ley Company al entender que ha derivado en resoluciones judiciales como la de Muleta II. Por parte del Grupo del PP, el conseller de Territorio, Mauricio Rovira, apeló al "máximo respeto a las decisiones judiciales", mientras que el representante popular Antoni Llamas invocó el principio de "seguridad jurídica" si bien expresó su preocupación por el hecho de que el urbanismo se judicialice.

Todo esta polémica política surge después de que un auto judicial decretara en julio pasado que Muleta II pasa a ser nuevamente suelo urbano tras el acuerdo al que han llegado la propietaria de la urbanización, encabezada por el empresario alemán Mathias Kühn, y el Govern.

Este acuerdo finiquita el proceso judicial promovido por el propio Kühn con el que pedía una indemnización de 100 millones de euros por la desclasificación de la urbanización mediante la ley que en 2008 aprobó el Parlament comandado por el Pacte de Progrés.