El ayuntamiento de Alcúdia, gobernado por el PP y una regidora no adscrita, sigue pagando mensualmente una nómina de 2.263 euros al mes a una abogada que ejerció de asesora jurídica municipal durante unos 25 años y que fue despedida por el equipo de gobierno entrante en el año 2011, poco después de las pasadas elecciones municipales.
El salario de tramitación que percibe la abogada fue impuesto por el juzgado en 2012, después de admitir la inactividad municipal tras una primera sentencia de septiembre de 2012 que reconocía el despido como improcedente y otorgaba al ayuntamiento ´alcudienc´ la posibilidad de readmitir a la trabajadora o pagarle una indemnización de 56.847 euros. Más de un año después de la última sentencia, el Ayuntamiento sigue sin readmitir a la letrada ni pagar la indemnización, con el argumento del recurso que fue presentado el pasado año y que todavía no se ha resuelto.
Esta cuestión fue debatida ampliamente en el último pleno de la institución, celebrado el pasado jueves, en el que los partidos de la oposición denunciaron la "dejadez de funciones" del equipo de gobierno al permitir que la ex asesora siga cobrando de las arcas municipales sin acudir a trabajar. El portavoz de Convergència y exalcalde de Alcúdia, Miquel Llompart, llegó a pedir la dimisión de la regidora de Personal, Josefina Linares (PP), por haber consentido que el Ayuntamiento "haya abonado unos 24.000 euros en 2013, más los costes de la Seguridad Social, a una persona que no va a trabajar".
Llompart señaló que, en un contencioso laboral, el Ayuntamiento "está obligado a hacer algo, o readmitir a la trabajadora o indemnizarla, y más adelante el recurso ya se resolverá". El portavoz de Convergència añadió que la asesora jurídica "trabajó a las órdenes del PP y UM durante 25 años y realizaba informes urbanísticos que el Ayuntamiento daba por buenos" y que el hecho de que la plaza que ocupaba no estuviese consolidada "no era un impedimento para otros casos" en el personal laboral del Consistorio.
La versión municipal
Por su parte, la regidora Josefina Linares apuntó ayer que el caso "está en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento" y que el equipo de gobierno no tomará ninguna decisión al respecto hasta que el recurso presentado por la institución sea resuelto. "No hemos estado nunca de acuerdo con la sentencia (que declaraba improcedente el despido) porque era una trabajadora autónoma que solo hacía contratos menores mercantiles y que acudía al trabajo de 9 a 14,30 horas tres días a la semana", explicó la edil.
El equipo de gobierno local califica de "inviable" la readmisión de la exasesora porque "la plaza está ocupada" y porque, en su caso, "no se respeta el principio de igualdad, mérito y capacidad" que rige en las contrataciones públicas. Respecto al pago mensual de la nómina, Linares explica que es una obligación judicial y que el salario de tramitación "debe pagarse en todos los casos, incluso abonando la indemnización". El PP confía en que el recurso dé la razón al Ayuntamiento y que la exasesora deba devolver la cantidad percibida durante estos años.
