"Cuando todos los partidos de la oposición son capaces de ponerse tan de acuerdo en pedir algo con tanta firmeza creo que convendría por lo menos pensarlo", manifestó ayer Àngel Garcia, portavoz de Independents d´Inca, durante una conferencia de prensa en la que todos los partidos de la oposición pidieron la anulación del concurso de privatización del agua. Los integrantes de la oposición aceptarían pagar indemnizaciones a los cuatro licitantes por las molestias pues consideran que "lo menos gravoso para Inca sería anular ahora mismo todo lo tramitado".

Existe una cláusula de rescisión en el pliego de condiciones y, según los cálculos de la oposición, se tendrían que pagar unos 1.000 euros a cada licitante. Sostiene que si se adjudica "el aumento del precio del agua o las indemnizaciones a pagar a la empresa en litigios posteriores será muchísimo más elevado", según Xavier Ramis, portavoz socialista.

PSOE, Més e Independents d´Inca, coinciden en que "desde el Ayuntamiento no se ha tramitado correctamente. Se dice que la red pierde un 50% del agua, sin aclarar cómo lo sabe, cuando en actos anteriores ante otras administraciones siempre decía que era el 25%". Existe una cláusula en el pliego de condiciones que obliga a la empresa a reducir las pérdidas como mínimo al 25% y sólo entonces podrá pedir una revisión de precios. "Y quién no nos dice que ya estamos en el 25%", indica Andreu Caballero, de Més per Inca".

Garcia insistió en que "otra de las circunstancias negativas es que una empresa ofrece 9,4 millones en mejoras técnicas cuando el pliego sólo obligaba a 1,5 millones en inversiones". Caballero explicó "Esto es como si una persona va a un restaurante y pide un menú de 10 euros y deja 50 de propina, no es lógico; algo raro hay ahí".

Xavier Ramis terció que "hay evidencias más que suficientes para decir que el proceso está viciado y mal hecho. Las mismas empresas amenazan antes de licitar con litigar. De esto sólo puede salir algo muy gravoso para lo público".

Los partidos de la oposición recogieron más de 4.000 firmas de ciudadanos que se oponen a la privatización en sólo dos semanas. "Es mucha gente como para no querer escucharla", valora Xavier Ramis.