La velocidad con la que la plaga del picudo rojo se ha extendido a lo largo de la geografía mallorquina obligó al Govern a adoptar medidas extraordinarias para implicar a los particulares en la lucha contra el coleóptero, fijando sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 120.000 euros a quienes no actúen para eliminar las palmeras enfermas de su propiedad. Hasta la fecha, la conselleria ha remitido unos 600 requerimientos a particulares para que adoptasen medidas contra la plaga, de los cuales únicamente dos se han traducido en un expediente sancionador que está en fase administrativa. El Govern asegura que "en un 99,9% de los casos", el particular elimina la palmera afectada cuando recibe la orden de la administración.
