El Calvià de las grandes infraestructuras para luchar contra la estacionalidad turística pasa una nueva página en dirección al olvido. Después de que en esta legislatura el proyecto de museo de arte contemporáneo -"estilo Guggenheim", como teorizó algún responsable municipal- haya perdido impulso político y de que no hayan fructificado ni el tan cacareado centro de tecnificación deportiva o el parque temático, una reciente resolución del Ministerio de Defensa evidencia que la fragata Baleares -de la que se ha hablado desde hace una década como posible arrecife artificial para turismo de buceo en las Illes Malgrats- tendrá una finalidad bien distinta.

El Ministerio ha sacado a subasta pública la embarcación militar con base en Ferrol (Galicia). El objetivo, establecen las bases de la convocatoria, su "venta para desguace y conversión en chatarra". El precio de salida son 350.075 euros, de acuerdo a una resolución del coronel de Intendencia, presidente de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material de Ferrol. La convocatoria se anunció el mes pasado, momento a partir del cual se marca un plazo de cuatro meses para la presentación de ofertas.

Con esta decisión, se cierra una década de elucubraciones, proyectos, polémicas políticas, iniciativas parlamentarias, dictámenes de peritos y críticas ecologistas en torno a la idea germinada en la primera legislatura de Carlos Delgado como alcalde de Calvià. En aquel entonces, el Ayuntamiento apostó por la creación de un arrecife artificial en la costa calvianera para que ejerciera de potente imán para un tipo de turismo de alto poder adquisitivo, el de buceo.

A partir de ahí, la idea inició un recorrido repleto de sobresaltos políticos y judiciales. Uno de los primeros hitos se dio en 2007, cuando la dirección general de Costas denegó el permiso necesario para hundir la fragata, al alegar que implicaría una nueva "fuente puntual de contaminación". Costas alertó del "impacto" que supondría echar al agua "4.000 toneladas de acero y la entrada de una cantidad indeterminada de aceites, hidrocarburos y otras sustancias peligrosas que forman parte de los componentes del buque". Ante esto, el Ayuntamiento siempre sostuvo que el plan iba acompañado de un exhaustivo proceso de limpieza que evitaría cualquier foco de contaminación. Organizaciones como Oceana respaldaron la postura municipal, mientras que entidades ecologistas como Greenpeace se posicionaron rotundamente en contra.

En septiembre de 2011, el proyecto recibía un empujón político a nivel autonómico. El Parlament aprobó con los únicos votos a favor del PP una proposición no de ley a través de la cual se instaba al ministerio de Defensa a "desbloquear la parálisis administrativa que impide el hundimiento de la fragata a 400 metros al este de las Malgrats, a 100 metros del límite de la reserva marina de Calvià". Sin embargo, pocas semanas después de que saliese adelante esta iniciativa parlamentaria, el plan de arrecife artificial experimentaba un nuevo revés.

En octubre de 2011, la Audiencia Nacional rechazaba el recurso del ayuntamiento de Calvià. En su resolución, alegaba que el Consistorio carecía de la "legitimación" jurídica para solicitar una autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, iniciativa que debería haber correspondido a la conselleria de Agricultura y Pesca.