Todo indica que el ayuntamiento de Mancor de la Vall, gobernado por el PP, deberá responder en los tribunales sobre la decisión de excluir de la versión definitiva del catálogo municipal de caminos públicos un total de seis rutas ubicadas en el municipio a pesar de que formaban parte del inventario de bienes. El Consistorio ´mancorí´ había iniciado un proceso de investigación sobre la titularidad de estos caminos cuyas conclusiones apuntan que no existen datos suficientes para considerlas públicas, por lo que se han suprimido del catálogo municipal.
Representantes de las entidades Plataforma procamins, Gadma, Asociación de Caballistas en Defensa de Caminos y Rutas Públicas y los Amics de la Vall de Coanegra registraron ayer en el ayuntamiento de Mancor un recurso contra el acuerdo municipal que da por finalizado el catálogo de caminos. Es el paso previo a la interposición de una demanda judicial para reclamar en los tribunales lo que consideran público a todos los efectos.
Las rutas que Mancor ya no considera públicas son el Camí d´Almallutx/ camí des Rafals; Camí de Sa Font Rafal; Camí de Biniatzent/Camí de sa Font/ Camí de Mancor a Alaró; Camí de Biniarroi a Almadrà/ Camí de Biniarroi a Orient/ Camí de la Font de Biniarroi; Camí de Biniarroi a Biniamar y Camí de Biniamar a Biniatzent/ Camí de Biniatzent a Inca.
En el recurso presentado ayer, las citadas entidades consideran que los seis caminos son públicos desde tiempos inmemoriales y aseguran que existe documentación histórica que acredita esta condición. Estas asociaciones culpabilizan al alcalde de Mancor, Bernadí Coll (PP), de ser el "máximo culpable" de la exclusión de estos caminos del catálogo por "no haber hecho lo posible para investigar la verdad" y por "haber regalado" estos caminos "a sus amigos", según apuntó Bernat Fiol, de la entidad Gadma. Además, añadieron que "más de 300 personas" se han mostrado a favor de poner dinero de su bolsillo para financiar la futura demanda judicial contra la decisión municipal.
En el documento entregado ayer, de carácter muy técnico, los denunciantes rebaten el informe jurídico municipal que justifica la exclusión de los caminos. "El hecho de que haya algún camino con presencia de árboles o matas o que esté en mal estado no implica en ningún caso que el camino sea privado", sostienen. Acusan al asesor jurídico y a la secretaria municipal de "confundir a la ciudadanía y enmascarar la usurpación de bienes públicos" apelando a un artículo de un reglamento de 1955 que fue derogado en 1985 y que se refiere a que los bienes de dominio público que hayan dejado de usarse durante 25 años pasarán a tener la calificación de bienes de propios, concepto que para el Ayuntamiento es favorable a los intereses particulares y no a las entidades locales, tal y como sostienen los denunciantes.
Además, acusan al Ayuntamiento de justificar el cierre del camí dels Rafals por la existencia de una sentencia judicial que "pertenece a otra ruta diferente".
