Alternativa per Pollença, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento ´pollencí´, acusó ayer al alcalde Tomeu Cifre (PP), de "utilizar recursos públicos para un posible beneficio particular" en relación a la finca que es propiedad de su familia en la carretera vieja de Lluc a Pollença. Por ello, creen que el alcalde "es incapaz de distinguir entre su cargo público y su condición de propietario de una de las fincas que ha ocupado la carretera vieja".

Según denuncia esta formación, el alcalde encargó un informe técnico al área de Urbanismo del Consistorio que posteriormente fue presentado como una propuesta municipal al Consell de Mallorca antes de que esta institución, el próximo jueves, apruebe de forma inicial la ordenanza reguladora de la carretera vieja, un camino público en el que persisten los problemas de cierre por parte de una serie de propietarios.

Todo ello, según añade Alternativa, "sin informar ni consultar" a los partidos de la oposición sobre las alegaciones presentadas ante el Consell , "tal y como es deber" del alcalde, que obvió esta cuestión en las comisiones informativas y en el último pleno, en el que no se dio cuenta de la actuación municipal en relación al camino público que transcurre por su municipio. Alternativa denuncia que en el último pleno, el del pasado mayo, el alcalde no sólo no contestó las preguntas relacionadas con el camino público formuladas por la oposición, "sino que fueron las únicas preguntas que ni tan siquiera leyó".

Según Alternativa, la solución propuesta por Tomeu Cifre para "beneficiar a su propiedad", pasa por "desviar la carretera y construir dos puentes sobre el torrente", una propuesta "tan costosa como innecesaria", según esta formación.

Este hecho ya fue denunciado la pasada semana por Més per Mallorca y la plataforma pro camins públics i oberts, cuyos representantes instaron al Consell que concluya la actuación iniciada el pasado año en la polémica carretera, que todavía presenta algunos puntos conflictivos.

El alcalde Tomeu Cifre, cuya familia es propietaria de la finca de Ca na Borrassa, uno de los puntos en los que el Consell tuvo que intervenir para facilitar el derecho de paso, negó ayer que las alegaciones fuesen ordenadas por él y aseguró que, al igual que ocurre con otros proyectos legislativos que entran en el Ayuntamiento, los técnicos estudian la documentación "y en este caso decidieron redactar un informe". "Lo hicieron de oficio, yo no encargué nada".

El alcalde incidió en la idea de que la oposición actúa contra él por "motivos políticos" y aseguró que estos partidos "no están interesados en que la ruta funcione, sólo quieren sacar réditos políticos".