El operativo para derribar los apartamentos ilegales de ses Covetes ha comenzó oficialmente ayer. Tras años de polémica, la histórica demolición se lleva a cabo ante la mirada de residentes y turistas.
Técnicos del Consell de Mallorca supervisan las labores del derribo que se prolongarán a lo largo de varios días. Así, las obras son controladas por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca, organismo autónomo del Consell, que encomendó la demolición de las viviendas de Ses Covetes en la empresa Tragsa, tal como estableció el Tribunal Superior de Justicia de Baleares para agilizar los plazos de demolición.
El presidente de la Agencia y consell insular de Urbanismo y Territorio, Mauricio Rovira, designado por el Tribunal Superior como comisario de la ejecución de las obras de derribo, deberá informar puntualmente el tribunal del desarrollo del proyecto.
La dirección facultativa de las obras está a cargo de la arquitecta del Govern Yolanda Garví, quien ha pasado a depender funcionarialmente del Tribunal Superior. La ejecución de la demolición, que tendrá un plazo de dos meses, es posible después de que el tribunal diera luz verde al proyecto de demolición del Ayuntamiento de Campos que prevé la reutilización del material inerte de las edificaciones.
El material de obra, unos 5.200 metros cúbicos de hormigón y materiales cerámicos, se utilizarán para rellenar los huecos de los sótanos de los edificios junto con 1.900 metros cuadrados de "ecograva", para restituir el estado natural de la zona y devolver el terreno a su nivel anterior a la construcción ilegal.
Encima se extenderá una capa de "marès" y tierra procedentes de la excavación de los sótanos y cimientos de las construcción en 1992, materiales que aún están en la zona y que, una vez tratados, supondrán una aportación de 2.300 metros cúbicos.
Sobre estos se colocará una capa de ente 30 y 40 centímetros de grosor (4.300 metros cúbicos) de "marès" picado, arena y restos orgánicos.
En este último estrato se plantarán especies vegetales propias de la zona. Para ello, en paralelo a la demolición se elaborará un inventario florístico del solar y se sembrarán plantas para trasplantarlas sobre el terreno una vez colocadas las diversas capas de suelo.
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ordenó el derribo de los apartamentos en un auto del 13 de noviembre de 2012, en el que fijaba los plazos para acometer la demolición: 15 de enero para el proyecto de derribo, 15 de marzo para recibir la documentación del inicio de obras y 15 de mayo para el final de las mismas.
El tribunal llegó a multar por dos veces al alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, por considerar que había incumplido los plazos fijados ya que consideraba el consistorio tenía la obligación de demoler la urbanización ilegal de Ses Covetes y restituir los terrenos a su estado natural desde una sentencia dictada en octubre de 2008.
El derribo se ordenó como consecuencia de que el tribunal considera ilegal la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Campos a Marina Ernst para construir un conjunto residencial de 68 viviendas, piscina y bar-restaurante en el dominio público marítimo-terrestre deslindado en abril de 1996.
La demolición pone fin a un contencioso que comenzó en 1992, cuando se otorgó la licencia de obras para construir el complejo residencial en primera línea del mar, que fue denunciada por el grupo ecologista GOB y el PSM.
