Más de un centenar de vecinos de Campos se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento para protestar contra el auto judicial emitido ayer que suspendía la convocatoria de adjudicación de la explotación de bares, hamacas y sombrillas en las playas de ses Covetes y es Trenc hasta que finalice "por completo" el derribo de la urbanización ilegal de ses Covetes.
"Gracias señor juez por quitarle el pan a nuestros hijos" o "en defensa de Campos", eran algunos lemas que se podían leer en las pancartas que portaban los vecinos a las puertas del consistorio. Aseguran que esta decisión judicial afectará al menos a 100 familias de la localidad que se quedarán sin trabajo.
Y mientras en la calle se producía la protesta, dentro del ayuntamiento el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, -en nombre del president del Govern- firmaba el protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Campos por el que el Ejecutivo se compromete a pagar más de 330.000 euros para llevar a cabo la demolición de los apartamentos ilegales de Ses Covetes, el 75 % de lo que costará el derribo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJB).
En el acuerdo firmado hoy se justifica la ayuda del Govern en la falta de recursos propios del Ayuntamiento de Campos, por los perjuicios territoriales y medioambientales que causan los apartamentos ilegalizados en primera línea de mar y en cumplimiento "del principio de cooperación entre las administraciones".
El consistorio que preside Sebastià Sagrera, que ha contado también con el respaldo del Govern para la elaboración del proyecto de demolición, tendrá que aportar 113.000 euros.
