Todo apunta a que la larga polémica que afecta a la parcela del Molí den Regalat, en la Colònia de Sant Pere, está entrando en su capítulo final. El pasado 10 de octubre, Demarcación de Costas envió un oficio al ayuntamiento de Artà solicitando un informe para conocer si existen derechos indemnizables sobre los terrenos donde se programaba la construcción de hasta 18 chalés. El plazo era un mes. El consistorio no tiene intención de argumentar ningún impedimento, por lo que se haría efectiva la revisión de la servitud de protección urbanística, de 20 a 100 metros adentro de la línea de la costa.

El entuerto empezó el 13 de marzo de 2005, cuando el Ayuntamiento (entonces en manos de UM) firmó con la promotora Porto Sa Coloni S.A. un convenio por el cual se declaraba el suelo urbanizable a cambio de 1,2 millones de euros, de los que la empresa adelantó 500.000 a finales de ese mismo mes.

Después de un largo litigio, en septiembre de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Balears a instancias de otro promotor y del grupo municipal Iniciativa-Verds, decidía suspender la construcción de las 18 viviendas cerca de la urbanización de Montferrutx. Entre otras argumentaciones se esgrimía que la parcela no estaba dentro de Pla Territorial, ni había definido un plan parcial previo a cualquier construcción de estas características. Tampoco la dotación de servicios estaba completada ni había habido, por tanto, cesión de zonas públicas.

La dirección general de Sostenibilidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ya especificaba en un informe de 2010 que la servidumbre era de 100 y no de 20 metros, tal y como contempla una Orden Ministerial de 1995. Curiosamente en aquel entonces Demarcación de Costas, dirigida por el socialista Celestino Alomar, era la que sostenía que seguían siendo solo 20, amparándose en la orden de los noventa.

Ahora la ampliación de la protección puede conllevar que Porto Sa Coloni SA reclame el retorno del medio millón de euros al consistorio, más una indemnización por daños y perjuicios. No se descarta se solicite una prórroga para que el informe del Ayuntamiento pueda alargarse quince días más para poder elevar la decisión al pleno mensual.